- La Secretaría de Integridad emitió 49 alertas de corrupción en hospitales del IESS y MSP.
- Se comprobaron sobreprecios de hasta 23 veces el valor de mercado en insumos críticos.
- Auditorías detectaron direccionamiento de contratos y filtración de términos de referencia.
- Los expedientes fueron remitidos a la Fiscalía para iniciar investigaciones penales inmediatas.
Un demoledor informe presentado por la Secretaría de Integridad Pública encendió las alarmas estatales al revelar 49 alertas graves de presunta corrupción y desvío de fondos en la red hospitalaria administrada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP). La fiscalización técnica destapó patrones delictivos recurrentes caracterizados por sobreprecios de hasta 23 veces superiores a las referencias de mercado, colusión deliberada entre empresas oferentes y filtración anticipada de pliegos de contratación.
Patrones de colusión y direccionamiento en licitaciones hospitalarias
De acuerdo con los hallazgos remitidos formalmente a la Fiscalía General del Estado, las anomalías se concentran en compras de dispositivos quirúrgicos, reactivos de laboratorio y fármacos oncológicos en nosocomios de tercer nivel como el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) en Quito y el Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. En más del 60% de los casos analizados se identificaron consorcios fantasma que compartían representantes legales, direcciones domiciliarias y cuentas bancarias para simular competencia en los portales de subasta inversa.
La secretaría anticorrupción subrayó que este esquema de captura institucional no solo ocasionó un perjuicio patrimonial millonario al fisco sino que generó desabastecimiento artificial de medicamentos esenciales para pacientes con patologías catastróficas.
Bloqueo de proveedores y auditorías de la Contraloría
En coordinación con el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el Ejecutivo ordenó la suspensión cautelar del Registro Único de Proveedores (RUP) a doce corporaciones farmacéuticas involucradas en las tramas de sobreprecio, mientras la Contraloría General del Estado inició exámenes especiales con indicios de responsabilidad penal contra funcionarios de las áreas de adquisiciones y bodegaje.
Las autoridades anunciaron la implantación de un sistema automatizado de inteligencia artificial que cotejará en tiempo real los precios referenciales internacionales de medicamentos antes de autorizar cualquier adjudicación pública de emergencia.
El combate a las redes ilícitas en los servicios esenciales se articula con las demandas ciudadanas de transparencia y probidad judicial, en correspondencia con los procesos de control institucional analizados en artículos sobre acciones de la justicia penal y medidas de fiscalización en la administración pública ecuatoriana. Las organizaciones de jubilados y afiliados al IESS exigieron la comparecencia de los directores hospitalarios ante la Asamblea Nacional para responder por el uso de los aportes de los trabajadores ecuatorianos.
Protección a denunciantes y reformas normativas
La Secretaría de Integridad habilitó canales seguros de denuncia anónima con protocolos de encriptación para médicos, enfermeras y personal administrativo que aporten información sobre presiones indebidas para firmar actas de entrega-recepción de insumos defectuosos o inexistentes. El Ejecutivo remitirá un proyecto de ley urgente a la legislatura para tipificar de forma agravada los delitos de colusión sanitaria y sancionar con inhabilitación perpetua a las firmas que lucren con la salud pública.
Auditorías especiales a contratos de servicios complementarios
El informe de la Secretaría de Integridad extendió sus observaciones a los contratos de limpieza hospitalaria, vigilancia privada y mantenimiento técnico de equipos biomédicos de alta complejidad como tomógrafos y resonadores magnéticos. En varios centros asistenciales de Guayas y Pichincha se constató que los equipos médicos permanecían inoperativos durante meses para forzar la derivación injustificada de pacientes hacia clínicas privadas con convenios millonarios suscritos por administraciones anteriores.
Las autoridades del IESS dispusieron la terminación unilateral inmediata de los contratos que registren irregularidades comprobadas y ordenaron inventarios físicos exhaustivos en todas las bodegas farmacéuticas del país para evitar el vencimiento de fármacos en stock.
