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Caso Goleada: suspenden juicio penal por inmunidad electoral de candidatos

Audiencia judicial donde se analiza la inmunidad electoral en Caso Goleada para procesados

Actualizada:

4 min de lectura
  • La jueza suspendió la fase preparatoria de juicio penal para cuatro procesados.
  • Fiorella Ycaza y tres implicados fueron calificados como candidatos a asambleístas.
  • El Código de la Democracia prohíbe el procesamiento penal durante la contienda.
  • La causa continuará para el resto de implicados que no gozan de fuero comicial.

El trámite del proceso judicial por presunta delincuencia organizada y desvío de recursos deportivos experimentó un giro procesal decisivo luego de que se confirmara que la inmunidad electoral en Caso Goleada suspende la audiencia de juzgamiento contra Fiorella Ycaza y tres coprocesados que inscribieron candidaturas políticas.

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Alcances procesales de la inmunidad electoral en Caso Goleada

Durante la reinstalación de la audiencia en el Complejo Judicial Norte, la magistrada de la causa acogió los certificados remitidos por el Consejo Nacional Electoral, que acreditan que los investigados ostentan la condición jurídica de candidatos en firme para los comicios legislativos y seccionales venideros.

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El artículo 108 del Código de la Democracia estipula de forma taxativa que los postulantes calificados no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde la inscripción de sus candidaturas hasta la proclamación oficial de resultados, salvo en casos de delitos flagrantes o violencia contra la mujer.

La fiscal del caso cuestionó la maniobra legal de la defensa técnica, argumentando que la postulación política busca dilatar la acción penal y evitar un eventual auto de llamamiento a juicio en una investigación que involucra perjuicios millonarios en contrataciones públicas de la Fiscalía General del Estado.

No obstante, la jueza precisó que el ordenamiento jurídico ecuatoriano tutela el derecho de participación ciudadana y que avanzar contra los candidatos provocaría la nulidad insanable de todo lo actuado por vulneración del debido proceso.

En tal virtud, la causa quedó formalmente escindida, disponiéndose la prosecución del juzgamiento preparatorio únicamente respecto a los procesados que no forman parte de las listas electorales ni gozan de fuero legal.

Organizaciones de veeduría ciudadana manifestaron su profunda preocupación por el uso recurrente del fuero electoral como escudo de impunidad procesal en tramas de corrupción pública de alta connotación social.

La fiscalía solicitó medidas cautelares adicionales, incluyendo la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas bancarias de las empresas presuntamente utilizadas para canalizar los fondos irregulares del fútbol ecuatoriano.

Como parte de nuestro seguimiento informativo, le invitamos a revisar también nuestra cobertura relacionada en Panorama Ecuador.

Debate jurídico sobre el Código de la Democracia

Expertos en derecho constitucional coinciden en que la inmunidad electoral fue diseñada originalmente para proteger a los líderes de la oposición de persecuciones políticas arbitrarias, pero admiten que su redacción actual presenta vacíos que benefician a investigados por delitos comunes graves.

Diversos bloques legislativos han propuesto reformas al sistema electoral para prohibir la inscripción de ciudadanos que mantengan dictámenes acusatorios emitidos por la Fiscalía en delitos contra la administración pública o lavado de activos.

Una vez que el CNE proclame los resultados definitivos de la contienda en las urnas, la jueza reactivará los términos procesales para resolver la situación jurídica de los cuatro aspirantes.

En caso de que alguno de ellos resulte electo, la Corte Nacional de Justicia deberá solicitar la autorización previa del pleno de la Asamblea Nacional para proceder con su enjuiciamiento penal.

La ciudadanía y los sectores deportivos afectados exigen celeridad procesal para evitar que los plazos de prescripción beneficien a los principales responsables del desfalco económico.

Los juristas advierten que la fragmentación del juicio podría generar fallos contradictorios entre los procesados comunes y aquellos que esperan el desenlace electoral para comparecer ante los estrados.

La audiencia para el resto de los procesados no amparados por fuero continuará desarrollándose en los tribunales competentes de Guayaquil bajo estricta vigilancia judicial.

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