- La Fiscalía General del Estado solicitó sentencia condenatoria contra el alcalde de Pujilí, José Arroyo.
- El proceso judicial investiga el delito de presunto peculado relacionado con contrataciones del cabildo.
- Durante la audiencia de juzgamiento se presentaron peritajes contables y testimonios documentales clave.
- La defensa del burgomaestre rechazó las acusaciones alegando apego estricto a las normas de contratación pública.
- El tribunal provincial notificará la fecha para la reinstalación y lectura del dictamen judicial definitivo.
La Fiscalía General del Estado emitió su dictamen acusatorio y solicitó formalmente una sentencia condenatoria en contra del actual alcalde del cantón Pujilí, José Arroyo, por su presunta participación en el delito de peculado en Pujilí. El caso penal se centra en supuestas irregularidades detectadas en procesos de contratación de obras y servicios ejecutados durante su administración municipal en la provincia de Cotopaxi.
Fundamentos de la acusación fiscal
En el desarrollo de la audiencia de juicio, peritos de la Fiscalía General del Estado expusieron ante los jueces del tribunal una serie de elementos probatorios recabados durante la etapa de instrucción. Entre los respaldos presentados constan informes periciales contables, auditorías técnicas de la Contraloría General del Estado y testimonios de funcionarios que intervinieron en la fase precontractual de los proyectos investigados.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los contratos adjudicados habrían generado un perjuicio patrimonial significativo para las arcas municipales, vulnerando las directrices de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y comprometiendo recursos asignados al bienestar comunitario.
Este proceso judicial se enmarca en las acciones de transparencia que acompañan la vigilancia sobre el control de la función pública en Ecuador y el manejo riguroso del patrimonio institucional de los gobiernos locales.
Alegatos de la defensa del burgomaestre
Por su parte, el equipo legal que representa al alcalde José Arroyo desestimó los señalamientos de la Fiscalía, argumentando que las contrataciones cumplieron con todos los requisitos legales, estudios de mercado y autorizaciones técnicas correspondientes.
Los abogados defensores sostuvieron que los proyectos observados fueron entregados a satisfacción de las comunidades beneficiarias y que no existió desvío doloso de fondos públicos, por lo que solicitaron la ratificación del estado de inocencia de su cliente.
El caso ha generado amplia expectativa en la provincia de Cotopaxi, donde sectores sociales y organizaciones comunitarias de Pujilí han seguido con detenimiento las audiencias judiciales en la Corte Provincial de Justicia.
Representantes del sistema judicial recordaron que el delito de peculado, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), acarrea penas privativas de libertad de hasta 13 años e inhabilitación definitiva para el ejercicio de cargos de representación popular.
Expectativa por el fallo del tribunal
Los magistrados que integran el tribunal penal suspendieron la diligencia tras escuchar los alegatos finales de las partes procesales y anunciaron que deliberarán para estructurar la resolución motivada en derecho.
De acuerdo con la información difundida por el portal Diario Extra, la convocatoria para la lectura de la sentencia se notificará a los casilleros judiciales en los próximos días conforme a los plazos legales establecidos.
Juristas especializados en derecho procesal penal señalaron que el juicio por peculado contra autoridades en funciones constituye una prueba de rigor para la independencia de los operadores de justicia provinciales. La correcta valoración de las pruebas documentales y los informes de auditoría pública resulta determinante para sentar precedentes en la gestión administrativa municipal.
En el cantón Pujilí, organizaciones sociales y veedurías de transparencia han manifestado su interés en que el tribunal emita una resolución debidamente motivada que aclare el uso de los fondos comunales, garantizando la rendición de cuentas y la restitución del patrimonio público en caso de comprobarse irregularidades financieras en la contratación de obras.
Representantes del foro de profesionales de Cotopaxi insistieron en que la transparencia en la administración de contratos públicos resulta esencial para devolver la confianza a los ciudadanos en las instituciones municipales.
