La Fiscalía otorgó 72 horas a CELEC EP para remitir expedientes y peritajes del proceso contra Progen Industries en Estados Unidos.
Quito, Ecuador. La Fiscalía General del Estado otorgó un plazo perentorio de 72 horas a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) para que entregue toda la documentación de respaldo, peritajes técnicos y declaraciones juramentadas utilizadas en el litigio internacional contra la empresa estadounidense Progen Industries por la fallida provisión de motores termoeléctricos.
Detalles del requerimiento fiscal a CELEC EP
- Plazo improrrogable: 72 horas para remitir copias certificadas del expediente legal ventilado en juzgados de Estados Unidos.
- Contratos en la mira: Adquisición de motores de generación térmica para las centrales Quevedo III y El Salitral por casi 150 millones de dólares.
- Evidencias solicitadas: Informes de auditoría, bitácoras de importación, cronogramas de entrega incumplidos y actas de supervisión.
- Alerta institucional: El Ministerio Público indaga presuntos delitos de peculado y falsificación de firmas en la fase precontractual.
Investigación por contrataciones de emergencia eléctrica
El requerimiento fiscal se enmarca en las denuncias sobre presuntas irregularidades en los contratos de generación térmica de emergencia adjudicados en 2024 para enfrentar la crisis energética. CELEC EP inició acciones legales en Estados Unidos para recuperar anticipos y cobrar pólizas de garantía tras comprobarse que los equipos no llegaron en los plazos contractuales pactados.
Los fiscales asignados al caso buscan determinar si existieron mandos medios o autoridades que facilitaron la firma de contratos con proveedores que carecían de capacidad operativa inmediata para despachar las turbinas.
Transparencia exigida ante los organismos de control
La gerencia de CELEC EP ratificó que remitirá la totalidad de los expedientes solicitados dentro del término conferido, subrayando que la empresa estatal actúa como parte perjudicada y colaborará activamente para sancionar cualquier acto de corrupción que haya comprometido recursos públicos del sector eléctrico.
