- La Fiscalía General concluyó la presentación de más de 40 pruebas testimoniales y periciales en el juicio.
- El proceso se sigue contra los exvocales Juan José Morillo y Maribel Barreno por presunto tráfico de influencias.
- Las indagaciones sostienen que los acusados presionaron a jueces provinciales para fallar a favor de acciones de protección.
- El tribunal penal convocó a las partes procesales para la formulación de los alegatos de cierre.
Conclusión de la prueba fiscal y testimonios periciales
En el marco del juzgamiento de uno de los casos de mayor impacto institucional en el sistema de administración de justicia este 22 de octubre de 2026, la Fiscalía General del Estado anunció la culminación formal de la fase de presentación de pruebas en la audiencia de juicio del denominado ‘Caso Vocales’, tramitado ante un tribunal de la Corte Nacional de Justicia.
El Ministerio Público presentó más de 40 elementos probatorios, entre peritajes de audio y video, transcripciones de llamadas telefónicas y testimonios de jueces de primera instancia, con los cuales busca acreditar la culpabilidad de los exvocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, en calidad de autores del presunto delito de tráfico de influencias.
De acuerdo con la tesis acusatoria, los exfuncionarios habrían intentado influir ilícitamente en la resolución de una acción de protección tramitada en la Corte Provincial de Pichincha para favorecer a la expresidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori en el año 2022.
En el marco de la coyuntura nacional e internacional, diversos analistas y especialistas del sector subrayan que los acontecimientos reportados marcan un precedente sustancial para la toma de decisiones estratégicas en los ámbitos público y privado. Las autoridades competentes mantienen mesas de trabajo permanentes con comités técnicos y veedurías ciudadanas para evaluar los impactos de estas medidas, asegurando la debida transparencia y el cumplimiento irrestricto del ordenamiento legal vigente en beneficio directo de la colectividad. Se prevé que durante las próximas semanas se presenten balances consolidados que permitan dimensionar con exactitud el alcance de las resoluciones adoptadas y sus efectos en el mediano plazo para todos los sectores involucrados en el país.
Asimismo, representantes de la sociedad civil y gremios profesionales destacaron que la articulación interinstitucional resulta indispensable para garantizar la efectividad de las políticas implementadas, exhortando a mantener canales de diálogo constructivo y fiscalización permanente para fortalecer la confianza de los ciudadanos y los usuarios en los servicios fundamentales. El seguimiento continuo por parte de observadores independientes permitirá constatar que los compromisos asumidos se traduzcan en mejoras tangibles y verificables en las diferentes provincias y comunidades del territorio nacional.
Por su parte, organismos de control y dependencias ministeriales reiteraron que continuarán supervisando de cerca la ejecución de los cronogramas previstos, aplicando rigurosos estándares de auditoría y evaluación técnica para prevenir contingencias no deseadas. La participación activa de los actores comunitarios y de los medios de comunicación consolida un entorno de veeduría social indispensable para afianzar la gobernabilidad democrática y la certidumbre institucional en los meses venideros.
Expertos en economía y políticas públicas coinciden en que la sostenibilidad a largo plazo requiere consensos amplios y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los equipos operativos en territorio, garantizando que los recursos asignados generen un impacto positivo y duradero en la calidad de vida de la población y en la productividad de las actividades productivas estratégicas.
Alegatos finales y expectativas de sentencia
Documentos procesales de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de la Judicatura revelan que los defensores de los procesados preparan sus alegatos de descargo alegando vulneraciones al debido proceso. La fiscalización a altos funcionarios judiciales encuentra paralelismos como cuando la Fiscalía fija fecha para formular cargos contra Rosa Argudo por caso IESS en Azuay.
El tribunal concederá la palabra a las defensas técnicas antes de declarar cerrado el debate y suspender la sesión para la deliberación del fallo.
