- La eliminación del CPCCS se ha convertido en uno de los principales objetivos del gobierno actual.
- Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, subraya que la eliminación del CPCCS no puede tratarse como una simple consulta.
- La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa son claras: la eliminación del CPCCS no puede resolverse por decreto ni consulta directa.
La eliminación del CPCCS se ha convertido en uno de los principales objetivos del gobierno actual. El 30 de junio, desde Carondelet se insistió en que dicho objetivo “deberá resolverse en las urnas”, lo cual sugiere un referéndum. No obstante, el Ejecutivo aún no ha iniciado el procedimiento necesario, a pesar de contar —según sus voceros— con mayoría en la Asamblea Nacional.
Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, subraya que la eliminación del CPCCS no puede tratarse como una simple consulta. En 2019, la Corte Constitucional ya dictaminó que se requiere una reforma parcial de la Constitución. Por tanto, no es solo una pregunta para el electorado: se exige un trámite legislativo formal y luego su ratificación mediante referéndum.
Requisitos legales para eliminar el CPCCS
La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa son claras: la eliminación del CPCCS no puede resolverse por decreto ni consulta directa. Se necesita un dictamen de admisibilidad de la Corte, el apoyo de 77 asambleístas en dos debates y, posteriormente, la convocatoria a referéndum. Todo el proceso podría extenderse, en el mejor de los escenarios, por lo menos seis meses.
Además, el artículo 73 establece plazos específicos para los informes de las comisiones legislativas y los debates. Estos tiempos hacen improbable que la reforma esté lista para finales de año, como lo anunció el presidente Daniel Noboa durante su visita a Italia.
Posicionamiento político y riesgo institucional
El abogado constitucionalista Gonzalo Muñoz también sostiene que la eliminación del CPCCS requiere una reforma parcial. Resalta que el gobierno debería actuar de inmediato para respetar los plazos legales. Sin embargo, advierte sobre un discurso que intenta desacreditar a la Corte Constitucional, sugiriendo que esta actúa como oposición política.
Esta narrativa pone en riesgo la legitimidad institucional. Aunque el oficialismo cuenta hoy con mayoría parlamentaria, ese respaldo podría debilitarse. Por lo tanto, la eliminación del CPCCS no solo es un tema jurídico, sino fundamentalmente una decisión política que requiere responsabilidad y claridad en la comunicación.
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Fuente:
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