- Diario Expreso cerrará su edición impresa el 9 de octubre tras perder el 70 % de sus ingresos por pauta publicitaria.
- El analista Martín Pallares denunció presiones gubernamentales para remover a tres columnistas críticos del diario.
- Granasa se encuentra bajo intervención administrativa de la Superintendencia de Compañías desde febrero de 2026.
- Organismos de prensa internacional y la SIP alertan sobre mecanismos de asfixia económica contra medios ecuatorianos.
El cese definitivo de la circulación impresa de Diario Expreso, anunciado para este 9 de octubre de 2026 tras 53 años ininterrumpidos de labor informativa en el puerto principal, puso de relieve las severas tensiones financieras y políticas que enfrentan los medios de comunicación independientes en Ecuador. Directivos y analistas de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa) revelaron que la empresa editora sufrió una caída cercana al 70 % en sus ingresos por pauta publicitaria durante los últimos meses de confrontación directa con el Gobierno Central.
La crisis económica de la casa editorial no obedeció únicamente a la transición digital que experimenta la industria periodística global, sino al progresivo retiro de anunciantes comerciales motivado por advertencias informales desde esferas de poder. Esta asfixia publicitaria precipitó el cierre de los talleres de impresión rotativa del rotativo guayaquileño, que mantendrá exclusivamente su presencia a través de plataformas digitales.
Denuncias de acoso oficial y exigencias editoriales
Durante su intervención en el espacio de entrevistas Contacto Directo, el periodista y columnista Martín Pallares denunció que las presiones gubernamentales sobre Granasa incluyeron condicionamientos explícitos para cesar el hostigamiento institucional. Según Pallares, al diario llegó el mensaje de que el Ejecutivo detendría las inspecciones y controversias administrativas si se separaba a tres de sus articulistas de opinión más críticos: Roberto Aguilar, Eduardo Carmigniani y Martín Pallares.
“El diario nos dio su confianza y prefirió seguir con nosotros antes que ceder ante las presiones del poder político”, remarcó el analista, cuestionando asimismo la postura de gremios empresariales que decidieron retirar sus pautas para evitar represalias tributarias o contractuales del Estado. Este panorama de coacción informativa se suma a la preocupación internacional expresada cuando la Sociedad Interamericana de Prensa alertó por el acoso judicial contra periodistas en tribunales locales del país.
Granasa se encuentra intervenida administrativamente desde febrero por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (Supercías), situación que limita la disposición de activos inmuebles para solventar pasivos laborales sin autorización previa de la funcionaria interventora designada.
Pronunciamientos de la SIP y defensa de la libertad de prensa
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y organizaciones de derechos humanos como Fundamedios han calificado la utilización de la pauta publicitaria y el uso instrumental de entidades de control como una modalidad encubierta de censura que vulnera el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La asfixia financiera ejercida contra medios que investigaron contrataciones controvertidas, como el caso de la generadora Progen, debilita el derecho ciudadano a recibir información plural y fiscalizadora.
El próximo martes 13 de octubre, la junta general de accionistas de Granasa se instalará para evaluar la venta de terrenos, inmuebles y marcas comerciales con el fin de cubrir las liquidaciones patronales de trabajadores de talleres y redacción. El cierre del formato físico de Expreso marca un precedente crítico en la historia contemporánea de la prensa escrita ecuatoriana, encendiendo alarmas sobre la viabilidad de la labor periodística fiscalizadora en contextos de hostilidad institucional.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión subrayan que cuando el debate público pierde tribunas con décadas de trayectoria informativa, se degrada la calidad de la deliberación democrática y se profundiza el aislamiento de la ciudadanía frente a la rendición de cuentas de las autoridades estatales.
Gremios de periodistas a nivel regional han expresado su solidaridad con la plantilla de reporteros y trabajadores de artes gráficas de Granasa, exhortando a los organismos multilaterales a monitorear la situación de los medios en el país para impedir que la asfixia económica se convierta en una política sistemática de silenciamiento editorial.
