- La destitución de David Rosero provocó el agotamiento formal de la nómina de consejeros suplentes en el CPCCS.
- El Consejo Nacional Electoral confirmó que no existen candidatos suplentes masculinos habilitados con votación oficial.
- La Asamblea Nacional deberá resolver el vacío legal para garantizar el quórum y funcionamiento del organismo de control.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha quedado inmerso en un nuevo laberinto constitucional e institucional tras consumarse la destitución definitiva de David Rosero de su condición de consejero titular. La salida de la autoridad, resuelta mediante sentencia ejecutoriada de la Corte Constitucional y confirmada por el Tribunal Contencioso Electoral, deja al pleno del organismo sin vocales suplentes varones legalmente proclamados para asumir la vacante.
El entramado jurídico tras la remoción del consejero
El Consejo Nacional Electoral (CNE) certificó que la nómina de candidatos masculinos electos en los comicios seccionales de 2023 se encuentra totalmente agotada. Los postulantes que obtuvieron votaciones secundarias ya fueron titularizados en reemplazos anteriores o quedaron inhabilitados por diversas causales administrativas y judiciales, provocando un vacío orgánico que paraliza las designaciones de autoridades de control pendientes en el país.
Frente a este escenario inédito, constitucionalistas y legisladores debaten las vías de solución institucional. Una postura plantea que la Asamblea Nacional apruebe una resolución de interpretación legal para posesionar al siguiente candidato con mayor votación general de la lista mixta, mientras que otros sectores exigen esperar a los comicios generales para la renovación total del cuerpo colegiado.
Disyuntiva legislativa y debate sobre la legitimidad del pleno
La estabilidad de los organismos de control del Estado representa un termómetro fundamental de la democracia ecuatoriana, tópico medular desarrollado en la cobertura de gobernanza y política nacional de nuestro medio. Analistas jurídicos consultados por Reuters recuerdan que el Consejo Nacional Electoral carece de atribuciones para inventar nuevos nombramientos sin respaldo directo en las urnas, advirtiendo que cualquier decisión forzada podría derivar en demandas internacionales de inconstitucionalidad.
La crisis interna en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es un hecho aislado, sino la culminación de sucesivas disputas políticas por el control de la designación de autoridades claves del Estado, tales como el Fiscal General de la Nación, los vocales del Consejo de la Judicatura y los miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Desde su creación en la Constitución de Montecristi de 2008, el organismo ha sido objeto de constantes reformas legales, plebiscitos y destituciones masivas de sus integrantes.
Analistas constitucionales señalan que la falta de previsión en el Código de la Democracia para resolver casos de agotamiento integral de listas de suplentes expone una severa laguna normativa en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Si la Asamblea Nacional opta por posesionar a un candidato de la lista de mujeres para llenar una vacante de hombre, podría vulnerar el principio de paridad de género y representación equitativa que rige para la conformación del cuerpo colegiado.
Mientras tanto, las sesiones del pleno del CPCCS se desarrollan en un ambiente de incertidumbre jurídica, ya que cualquier resolución aprobada sin la conformación regular de los siete vocales titulares podría ser impugnada judicialmente por actores políticos inconformes. Diversos sectores de la sociedad civil exigen una reforma constitucional de fondo que devuelva la potestad de designar autoridades a la Función Legislativa o que elimine definitivamente al organismo de control para poner fin a la inestabilidad institucional en el país.
La parálisis institucional del organismo de control repercute negativamente en la transparencia de los concursos públicos de méritos y oposición que se encuentran en marcha en el territorio nacional. La designación de jueces de la Corte Nacional y de superintendentes requiere de un pleno legitimado y sin sombras de nulidad, desafío que deberá ser encarado con responsabilidad por las máximas autoridades republicanas para evitar un bloqueo generalizado en la administración de justicia.
La pugna por el control del CPCCS ha puesto en evidencia la fragilidad del diseño institucional de la Función de Transparencia y Control Social, concebida originalmente como un poder ciudadano independiente de los partidos políticos tradicionales pero cooptada progresivamente por intereses coyunturales.
Sectores académicos de las facultades de jurisprudencia del país sugieren que la Corte Constitucional emita un dictamen vinculante que aclare la prelación de suplencias ante la ausencia definitiva de postulantes proclamados, garantizando la continuidad de los procesos de designación de autoridades del Estado sin vulnerar el mandato popular emitido en las urnas.
El desenlace de esta encrucijada institucional determinará el grado de estabilidad y confianza en los procesos de designación de las principales autoridades de control de la República del Ecuador en los próximos años.
El debate sobre la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social abre una ventana para revisar los mecanismos de representación popular y el diseño orgánico de las funciones del Estado ecuatoriano.
