Debate minero polariza a los precandidatos a la Alcaldía de Cuenca para 2027

El futuro de las concesiones mineras en los páramos y zonas de recarga hídrica del cantón Cuenca se ha convertido en el eje medular de confrontación anticipada entre los diversos actores políticos y precandidatos que perfilan sus aspiraciones hacia la Alcaldía de Cuenca para las elecciones seccionales de 2027. El debate revive la trascendencia de la consulta popular de febrero de 2021, en la que más del 80% de los votantes cuencanos se pronunció a favor de prohibir la minería metálica en las fuentes de agua de los ríos Tomebamba, Tarqui, Yanuncay, Machángara y Norcay.

Posturas encontradas entre desarrollo extractivo y blindaje hídrico

Por un lado, figuras vinculadas a movimientos ecologistas y sectores ciudadanos sostienen que cualquier candidato que aspire a liderar la capital azuaya debe suscribir compromisos vinculantes que impidan la reactivación de proyectos mineros en áreas protegidas, incluyendo Río Blanco y Loma Larga. Estos colectivos demandan que la empresa pública municipal ETAPA EP y el Concejo Cantonal intensifiquen las acciones de tutela legal ante la Corte Constitucional para hacer prevalecer el mandato popular frente a las resoluciones ministeriales del Gobierno central.

La tensión territorial en la región austral se refleja también en operativos recientes donde las fuerzas del orden han tenido que intervenir, como en los casos en que militares destruyeron maquinaria pesada y detuvieron a ocho sospechosos por minería ilegal en zonas protegidas, demostrando la complejidad del control en áreas de conflicto minero donde mafias armadas intentan penetrar.

Llamado a la seguridad jurídica y diálogo interinstitucional

En la otra orilla del espectro político, precandidatos de perfil técnico y empresarial argumentan que Cuenca no puede aislarse de la política minera nacional ni frenar inversiones estratégicas que cumplan con los más estrictos estándares socioambientales. Estos sectores alertan que una prohibición tajante e indiscriminada fomenta paradójicamente el ingreso de la minería ilegal y el crimen organizado en los enclaves rurales, privando al fisco local de regalías e impuestos que podrían destinarse a vialidad rural y obras sanitarias, en coordinación con directrices del Ministerio de Energía y Minas.

La disputa promete marcar los ejes de campaña en la provincia de Azuay, donde las encuestas ciudadanas revelan que la defensa del agua encabeza las prioridades del electorado urbano, bajo la observación de entidades como la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El rol de ETAPA y la vigilancia ciudadana

Veedurías ambientales de la Universidad de Cuenca han señalado que los caudales de los ríos Tomebamba y Yanuncay han sufrido reducciones históricas debido a la sequía prolongada que afecta a la cuenca del Paute, lo que vuelve aún más sensible cualquier intervención extractiva en los humedales del Parque Nacional Cajas. Los candidatos que aspiren a suceder a Cristian Zamora deberán fijar compromisos claros sobre el presupuesto asignado a la guardia forestal de ETAPA EP y los convenios de delimitación de páramos con el Ministerio de Ambiente.

Diálogo comunitario y veedurías ciudadanas en Azuay

Diversos frentes ciudadanos y juntas parroquiales de Victoria del Portete y Tarqui han reiterado que no permitirán el ingreso de maquinaria exploratoria en sus territorios comunales. Los líderes campesinos demandan que la Prefectura del Azuay y la Gobernación instalen mesas de diálogo permanente para resolver los reclamos por el uso de canales de riego y pastizales comunales. Los precandidatos que lideran las encuestas preliminares en Cuenca han tenido que adaptar sus planes de trabajo para incluir propuestas explícitas de inversión en turismo ecológico y agricultura sustentable como alternativas a la renta minera.