- El alcalde suspendido de Cuenca, Cristian Zamora, afronta tres denuncias formales por presunto peculado.
- Las alertas ciudadanas apuntan a irregularidades en contrataciones hospitalarias que suman USD 2,4 millones.
- Paralelamente, un juez provincial se inhibió de conocer la causa por enriquecimiento ilícito en su contra.
- El Ejecutivo y la Secretaría de Integridad Pública remitieron los informes para peritajes de la Fiscalía General.
El alcalde de Cuenca, actualmente suspendido de sus funciones, Cristian Zamora, enfrenta tres nuevas denuncias por presunto delito de peculado presentadas ante las instancias de control por el Gobierno Nacional, vinculadas a supuestas anomalías en procesos de contratación pública de tres hospitales de la capital azuaya que en conjunto alcanzan un monto contractual de 2,4 millones de dólares.
Denuncias por contratos hospitalarios en Cuenca
Las acusaciones fueron anunciadas públicamente por el secretario de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, junto a la secretaria general de Integridad Pública, Doménica Bajaña. Los funcionarios explicaron que recibieron alertas ciudadanas que señalaban que los consorcios adjudicatarios de obras y equipamiento en los centros hospitalarios de El Valle, Baños y Ricaurte habrían subcontratado servicios con personas jurídicas vinculadas al círculo familiar de Zamora.
La revelación de estos contratos hospitalarios coincide con el clima de tensión institucional en el sur del país, donde previamente el CNE define los preparativos y papeletas de los comicios seccionales, en un momento donde la transparencia en la gestión de las autoridades cantonales acapara el debate ciudadano.
Inhibición judicial en causa por presunto enriquecimiento ilícito
De forma paralela al anuncio del Ejecutivo, en el proceso penal que la Fiscalía General del Estado adelanta contra Zamora por presunto enriquecimiento ilícito, el juez a cargo de la causa en la Corte Provincial del Azuay resolvió inhibirse de seguir conociendo el caso por razones de competencia territorial y fuero de corte. Esta decisión judicial postergó una vez más la audiencia preliminar de formulación de cargos solicitada por los agentes fiscales.
El trámite del expediente se encuentra bajo la supervisión de la Fiscalía General del Estado y las directrices procesales del Consejo de la Judicatura del Ecuador, entidades encargadas de reasignar de inmediato la causa a un nuevo magistrado competente para evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia.
Defensa legal y pronunciamiento de los involucrados
El equipo jurídico de Cristian Zamora ha rechazado tajantemente las acusaciones formuladas por los personeros gubernamentales, alegando que se trata de una persecución política orientada a perjudicar su imagen pública de cara al escenario electoral seccional. La defensa asegura que los procesos de adjudicación en los hospitales de Baños, Ricaurte y El Valle cumplieron estrictamente con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Corresponderá a los peritos de la Fiscalía y a los tribunales de justicia examinar las pruebas documentales y los movimientos financieros de los consorcios contratistas para determinar la existencia o no de responsabilidades penales en el manejo de los fondos del municipio cuencano.
Marco legal y auditorías de la Contraloría General
De forma paralela a las indagaciones de la Fiscalía, la Contraloría General del Estado mantiene abiertos exámenes especiales de auditoría sobre los procesos precontractuales y de ejecución en las obras hospitalarias cuestionadas en Cuenca. Los auditores gubernamentales revisan las actas de entrega-recepción, las garantías bancarias presentadas y los informes de fiscalización municipal para corroborar si existieron sobreprecios o desvío de recursos públicos.
El desenlace de estos procesos judiciales marcará un hito en la fiscalización de las administraciones municipales del Azuay, mientras la ciudadanía cuencana exige que las investigaciones se desarrollen con absoluta celeridad, rigor técnico e independencia política para salvaguardar el patrimonio institucional de la ciudad.
La defensa técnica del burgomaestre suspendido anticipó que solicitará peritajes contables independientes para demostrar la legalidad de los desembolsos y la inexistencia de perjuicio económico para las arcas del cantón Cuenca.
