- El Pleno de la Judicatura resolvió el jueves 22 de enero de 2026 la desvinculación del director nacional administrativo, Álex Gallo, y del subdirector nacional de Servicios Generales, Miguel Caicedo.
- Este pedido se habría realizado durante un proceso que tenía un presupuesto referencial de USD 232.000, lo que encendió las alertas internas dentro de la institución.
- La denuncia fue presentada ante el Pleno por la vocal de la Judicatura, Magaly Ruiz.
El Consejo de la Judicatura enfrenta una nueva polémica institucional luego de separar de forma inmediata a dos funcionarios de alto nivel, señalados por pedir dinero a un contratista a cambio de favorecerlo en un proceso de contratación pública relacionado con el mantenimiento de su parque automotor.
Funcionarios involucrados en el caso
El Pleno de la Judicatura resolvió el jueves 22 de enero de 2026 la desvinculación del director nacional administrativo, Álex Gallo, y del subdirector nacional de Servicios Generales, Miguel Caicedo. De acuerdo con el expediente, ambos habrían solicitado al contratista un pago que iba del 14% al 18% del valor final del contrato.
Este pedido se habría realizado durante un proceso que tenía un presupuesto referencial de USD 232.000, lo que encendió las alertas internas dentro de la institución.
Cómo se originó la denuncia
La denuncia fue presentada ante el Pleno por la vocal de la Judicatura, Magaly Ruiz. Esta funcionaria puso en conocimiento los hechos que derivaron en la apertura de un análisis interno. Como resultado inmediato, el proceso de contratación pública fue declarado desierto para evitar posibles afectaciones a la transparencia institucional.
Posteriormente, el caso fue remitido a la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión. Esta instancia está encargada de activar las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades administrativas y, de ser el caso, penales.
Investigaciones y posibles sanciones
El Consejo de la Judicatura informó que el objetivo del proceso investigativo es determinar el alcance de las irregularidades y establecer sanciones conforme a la normativa vigente. Además, las autoridades no descartaron que el caso pueda escalar a instancias judiciales si se confirman indicios de delitos relacionados con corrupción o concusión.
Un nuevo golpe a la imagen institucional
Este episodio se suma a una serie de controversias que han debilitado la credibilidad del organismo. Semanas atrás, el director provincial de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, presentó su renuncia en medio de señalamientos por presuntas presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano.
Además, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, enfrenta actualmente un pedido de juicio político en la Asamblea Nacional. Esto incrementa la presión política y mediática sobre la institución.
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