- El CNE recién publicó en el portal de Compras Públicas la necesidad para cotizar el servicio de monitoreo en redes sociales y medios.
- Con miles de candidatos desplegando propaganda anticipada en internet, el organismo carece aún de un contrato operativo adjudicado.
- El proceso SERCOP NC-1760002010001-2026-00213 demuestra la tardía respuesta institucional de la Función Electoral.
- Especialistas califican como inoperante la fiscalización digital mientras los recursos proselitistas se difunden sin fiscalización técnica.
A pesar de que el país se encuentra inmerso en una agresiva difusión de propaganda política no autorizada en plataformas digitales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha evidenciado una grave falta de planificación y negligencia administrativa al encontrarse recién en la fase de cotización preliminar del servicio técnico para auditar el gasto electoral en redes sociales y medios digitales. Esta tardanza institucional deja desprotegida la contienda democrática frente a los excesos proselitistas en internet.
Un proceso contractual a destiempo en el portal de Compras Públicas
De acuerdo con los registros del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SERCOP), la entidad electoral registró la Necesidad de Contratación bajo el código NC-1760002010001-2026-00213, cuyo objeto de compra es la «Contratación del servicio de monitoreo de propaganda electoral en medios digitales, redes sociales candidatos a consejeras y consejeros del Consejo». Mientras decenas de precandidatos invierten considerables sumas de dinero en pautas digitales no fiscalizadas, el CNE recién cierra la recepción de proformas para evaluar costos referenciales.
Expertos en auditoría pública señalan que llevar a cabo la fase preparatoria de un contrato tan neurálgico en fechas tan cercanas a las elecciones constituye una muestra patente de inoperancia administrativa. La adjudicación de un servicio de minería de datos y rastreo algorítmico demanda semanas de pruebas técnicas, lo que significa que el monitoreo real entrará en vigencia cuando gran parte de la precampaña ya habrá surtido sus efectos sobre el electorado sin registro financiero oportuno.
Cuestionamientos ciudadanos a la capacidad fiscalizadora del Pleno
Diversos sectores sociales y organizaciones de veeduría ciudadana han cuestionado con severidad el doble discurso de las autoridades electorales. Mientras en declaraciones de prensa el Pleno asegura haber intensificado los controles sobre el terreno, la ausencia de herramientas tecnológicas contratadas para auditar el ecosistema digital deja un enorme vacío legal que favorece a los partidos tradicionales con mayor capacidad económica para pautar en internet sin declarar el origen de sus fondos. Conozca más sobre el debate de la institucionalidad pública en nuestra sección de análisis sobre institucionalidad política y transparencia.
La normativa anticorrupción que rige las contrataciones estatales bajo la supervisión del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y las directrices vinculantes de la Contraloría General del Estado exigen que las entidades públicas planifiquen con suficiente antelación sus requerimientos estratégicos para evitar que la improvisación comprometa la legalidad de los comicios.
El vacío de control en el ecosistema digital y sus repercusiones
La tardanza en la contratación no solo impide detectar infracciones en tiempo real, sino que dificultará enormemente la consolidación de las cuentas de campaña para el Tribunal Contencioso Electoral. En una era dominada por la comunicación en redes sociales, vigilar únicamente los mítines callejeros mientras se posterga la fiscalización del ciberespacio confirma la profunda desconexión técnica del organismo frente a las dinámicas electorales contemporáneas.
Riesgos de distorsión democrática y opacidad en el financiamiento
La ausencia de una plataforma automatizada y certificada para la auditoría de pautas en redes sociales genera un riesgo tangible de penetración de dineros ilícitos en las campañas políticas seccionales. Investigadores en transparencia alertan que las herramientas de segmentación publicitaria permiten que movimientos políticos difundan mensajes dirigidos y campañas de desprestigio financiadas mediante microtransacciones opacas o pagos efectuados desde el exterior que escapan al control bancario nacional.
Al no contar con un monitoreo en tiempo real, el organismo electoral abdica de su rol tutelar como garante de la equidad democrática, convirtiendo el límite del gasto electoral en una cifra meramente testimonial que no refleja la millonaria inversión volcada en las plataformas digitales durante la etapa previa a los comicios.
