- Celec presentó una negativa formal ante un tribunal de Florida para evitar el viaje presencial de cuatro delegados técnicos.
- Dos de los funcionarios convocados no cuentan con visa de ingreso a Estados Unidos para comparecer judicialmente.
- La entidad estatal planteó que las declaraciones testimoniales se efectúen mediante videoconferencia por Zoom.
- El litigio internacional responde a la controversia por contratos de generación térmica emergente valorados en 104 millones de dólares.
La disputa judicial que sostiene el Estado ecuatoriano frente a la empresa estadounidense Progen sumó un nuevo capítulo en los estrados internacionales. La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) confirmó su negativa a autorizar el traslado físico de cuatro de sus funcionarios hacia el estado de Florida, donde la contratista demandó su comparecencia presencial como parte del proceso de recolección de pruebas que sustancia la corte norteamericana.
La postura institucional fue formalizada el jueves 15 de octubre de 2026 mediante un documento jurídico ingresado ante el Tribunal del Distrito Medio de Florida. En la contestación procesal, la defensa del operador público detalló impedimentos migratorios insalvables, regulaciones laborales internas y directrices estrictas de contención del gasto corriente para sustentar la improcedencia del requerimiento planteado por la firma energética.
Impedimentos migratorios y directrices de austeridad presupuestaria
Entre los argumentos centrales expuestos por la representación estatal sobresale la inexistencia de visado estadounidense para la mitad de los servidores convocados. La entidad remarcó que dos de los funcionarios requeridos no poseen la autorización consular indispensable para ingresar al territorio norteamericano, lo que imposibilita de facto cualquier desplazamiento aéreo inmediato hacia la sede jurisdiccional.
Asimismo, el operador del sistema interconectado subrayó que la normativa administrativa ecuatoriana prohíbe la concesión automática de viáticos y pasajes al exterior para diligencias judiciales sin una justificación de necesidad estricta. Esta disposición se alinea con los decretos de austeridad fiscal emitidos por el Ministerio de Energía y Minas, los cuales restringen los desembolsos no esenciales en medio de la compleja situación económica nacional.
Frente a este escenario, la defensa de Celec propuso formalmente que los testimonios se reciban de manera telemática a través de la plataforma Zoom. La institución argumentó que los estándares internacionales de cooperación procesal y las reglas federales de procedimiento civil reconocen la validez probatoria de las declaraciones remotas, garantizando el derecho a la contradicción sin incurrir en erogaciones extraordinarias de fondos públicos ni vulnerar regulaciones de soberanía.
Antecedentes de los contratos de emergencia y reclamos cruzados
La controversia de fondo entre el Estado y la compañía privada se originó en la adjudicación de contratos para la provisión de equipos de generación termoeléctrica, suscritos por un monto estimado de 104 millones de dólares durante el pico de la emergencia energética. Las discrepancias técnicas respecto al cronograma de entrega de los motores en las centrales de El Salitral y Quevedo, sumadas a los desfases en la potencia efectiva instalada, derivaron en la terminación unilateral de las relaciones contractuales por parte del gobierno ecuatoriano.
Tras la ejecución parcial de las garantías bancarias por presunto incumplimiento de plazos, los representantes de Progen recurrieron a la jurisdicción de Florida para exigir indemnizaciones económicas y el resarcimiento de daños financieros. La empresa alega supuestas demoras burocráticas y trabas operativas en las aduanas nacionales que habrían afectado la calibración de las turbinas generadoras.
Por su parte, la Procuraduría General del Estado y el equipo jurídico de Celec sostienen que las cláusulas contractuales establecieron mecanismos claros de arbitraje y solución de diferendos que deben ventilarse prioritariamente bajo la legislación ecuatoriana o mediante instancias previamente convenidas, objetando cualquier intento de trasladar costos operativos indebidos al erario público.
Fiscalización institucional y curso del litigio en Florida
Este episodio se suma a los expedientes de fiscalización abiertos en instancias locales. En el ámbito nacional, la audiencia preparatoria de juicio por el caso Progen ya fijó su calendario de deliberación en Quito, mientras los informes de control levantados por la Contraloría General del Estado examinan la legalidad de los anticipos financieros y las multas contractuales aplicadas a los proveedores termoeléctricos.
La resolución final sobre la obligatoriedad del traslado o la admisión de las comparecencias telemáticas queda ahora en manos del juez federal asignado en Florida. El dictamen marcará el curso probatorio del litigio internacional en un momento donde Ecuador busca proteger su patrimonio público mientras lidia con cortes de suministro y presiones de liquidez en el sector eléctrico nacional.
