- El proceso penal por presunto lavado de activos permanece sin fecha de reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio.
- La causa regresó al despacho del juez encargado Sebastián Cornejo tras resolver un conflicto de competencias en la Unidad Anticorrupción.
- Ocho procesados, entre ellos el alcalde Aquiles Alvarez y el asambleísta Raúl Chávez, apelaron la prisión preventiva dictada en su contra.
- El tribunal provincial de Pichincha convocó a audiencia telemática para resolver la situación jurídica de los imputados.
La tramitación del denominado caso Goleada atraviesa una fase de incertidumbre procesal en la Función Judicial de Pichincha. A pesar de que el expediente retornó formalmente a manos del juez encargado Sebastián Cornejo el pasado 16 de septiembre de 2026, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio continúa suspendida y sin fijación de fecha para su reinstalación. Mientras tanto, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha convocó para este martes 22 de septiembre de 2026 a la diligencia telemática donde ocho procesados fundamentarán su recurso de apelación contra la orden de prisión preventiva.
La causa penal indaga presuntas maniobras financieras de comercialización irregular de combustibles que habrían servido como mecanismo para el lavado de activos a través de una red empresarial vinculada a la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. La Fiscalía General del Estado sostiene que los movimientos económicos no guardan justificación técnica con los despachos autorizados en estaciones de servicio y depósitos de almacenamiento.
Conflicto de competencias e inhibiciones en la Unidad Anticorrupción
El estancamiento de la audiencia preparatoria responde a una serie de incidentes procesales generados tras la supresión administrativa de la unidad judicial especializada. Inicialmente, el juez Sebastián Cornejo se inhibió de seguir sustanciando el expediente, argumentando cambios de dependencia. No obstante, la jueza titular Ana Lucía Cevallos devolvió el expediente a Cornejo tras señalar que su decisión inobservó la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución 187-2026 dictada por el Consejo de la Judicatura.
Dicha normativa establece con claridad meridiana que las causas con audiencias instaladas o suspendidas deben continuar a cargo de los mismos juzgadores hasta su conclusión definitiva. Cornejo reemplaza temporalmente a Jairo García, magistrado titular del proceso que fue suspendido durante 30 días sin remuneración por el órgano disciplinario judicial. Esta cadena de traslados administrativos ha impedido que el juzgado emita un nuevo auto de convocatoria para deliberar el sobreseimiento o llamamiento a juicio.
El tratamiento riguroso de este expediente coincide con el seguimiento técnico desplegado en otras causas penales de repercusión nacional, como el proceso de investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra autoridades seccionales en Cuenca, donde los peritajes contables resultan determinantes para establecer responsabilidades.
Apelación a la prisión preventiva ante el tribunal provincial
De forma paralela al estancamiento de la etapa evaluatoria, el tribunal conformado por los jueces Wilson Enrique Lema (ponente), Edwin Paúl Pérez Reina y Patricio Ricardo Vaca Nieto instalará a partir de las 08:00 la sesión telemática vía Zoom para tramitar las apelaciones a las medidas cautelares privativas de la libertad.
Entre los recurrentes figuran el alcalde Aquiles Alvarez, el legislador de la Revolución Ciudadana Raúl Chávez, los hermanos Xavier y Antonio Alvarez Henriques, sus primos Fernando y Andrés Viteri Henriques, además de los ciudadanos Fernando Peñaherrera y César Bravo. Los equipos de defensa técnica argumentarán la existencia de arraigo social y laboral suficiente para sustituir la prisión por presentaciones periódicas y prohibición de salida del territorio nacional.
Por su parte, delegados de la Fiscalía General del Estado ratificarán la necesidad de mantener la medida privativa de libertad, alegando riesgo de entorpecimiento procesal e inconsistencias en los flujos bancarios reportados por las entidades de control tributario y antilavado.
Expectativa jurídica sobre el avance de la etapa preparatoria
La resolución del tribunal sobre las medidas cautelares marcará el tono de la siguiente fase del proceso penal. Juristas independientes coinciden en que la fijación oportuna de la audiencia preparatoria es indispensable para garantizar el debido proceso y la celeridad judicial en una causa de alto impacto institucional para el cabildo guayaquileño y la fiscalización de hidrocarburos.
