- La Asamblea Nacional aprobó este 15 de septiembre de 2026, con 85 votos a favor en su sesión 123, el informe sobre la empresa pública Segura EP.
- La sala funcionaba en el tercer piso del Palacio Municipal, dentro de la Dirección de Aseo Cantonal, un espacio ajeno a la operación de seguridad ciudadana.
- Inés Alarcón, presidenta de la comisión, señaló ante el Pleno que los hallazgos evidencian la creación de salas clandestinas sin la autorización del ECU911 ni de los órganos de control.
La Asamblea Nacional aprobó este 15 de septiembre de 2026, con 85 votos a favor en su sesión 123, el informe sobre la empresa pública Segura EP. Además, decidió remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado para determinar posibles responsabilidades penales. El documento, elaborado por la Comisión de Seguridad Integral, detalla la existencia de una «sala espejo»: un centro de monitoreo clandestino que replicaba cámaras de seguridad de Guayaquil.
Una vigilancia paralela en el Palacio Municipal
La sala funcionaba en el tercer piso del Palacio Municipal, dentro de la Dirección de Aseo Cantonal, un espacio ajeno a la operación de seguridad ciudadana. La solicitud para instalar este monitoreo data del 20 de noviembre de 2024, según la documentación analizada por los legisladores.
Inés Alarcón, presidenta de la comisión, señaló ante el Pleno que los hallazgos evidencian la creación de salas clandestinas sin la autorización del ECU911 ni de los órganos de control. El informe menciona a Álex Anchundia, actual gerente de Segura EP, y a Fernando Cornejo, quien presidió la entidad cuando se habría ordenado el montaje.
Debates, audios y siguientes pasos
Durante el debate, el asambleísta Juan Andrés González (Revolución Ciudadana) confirmó la autenticidad de los audios difundidos como pruebas. En tanto, Alfredo Serrano (PSC) y Sergio Peña (ADN) debatieron sobre las responsabilidades políticas de la actual administración municipal frente a hechos de gestiones pasadas.
Este proceso se une a otras investigaciones legislativas sobre el uso irregular de recursos públicos, cuyos expedientes también se remitieron a la justicia. Ahora, la Fiscalía deberá investigar la instalación de la sala espejo, esclarecer si hubo intercepciones no autorizadas y definir los grados de responsabilidad de los funcionarios involucrados.
Finalmente, la Comisión de Seguridad Integral anunció que revisará la trazabilidad de los contratos que financiaron el equipo. Por su parte, varios concecejales exigieron al Municipio transparentar el estado actual de dichas instalaciones.
