- Informe legislativo identificó incrementos patrimoniales no justificados en 190 dignatarios seccionales.
- El análisis cruzó datos financieros de alcaldes y prefectos entregados por la UAFE y Contraloría.
- La comisión multipartidista remitirá los expedientes a la Fiscalía para indagaciones penales.
- Bancadas de ADN y correísmo discrepan sobre el alcance de las auditorías en época electoral.
Un exhaustivo informe técnico elaborado por una comisión especializada de la Asamblea Nacional encendió las alarmas en el escenario político ecuatoriano al determinar que el 38% de los alcaldes y prefectos en funciones —equivalente a unas 190 autoridades seccionales— presentan inconsistencias financieras y alertas graves por presunto crecimiento injustificado de su patrimonio personal y societario. La investigación cruzó registros tributarios, movimientos bancarios y declaraciones juramentadas remitidas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Contraloría General del Estado.
Hallazgos financieros y tipologías de alerta
El documento legislativo detalla que entre las anomalías más recurrentes se encuentran adquisiciones de bienes inmuebles a través de empresas fachada, transacciones atípicas en efectivo que no guardan correspondencia con sus remuneraciones oficiales y depósitos de terceros vinculados a contratistas de obra pública municipal y provincial. Los peritos parlamentarios señalaron que varias autoridades multiplicaron su patrimonio neto hasta en un 400% durante los primeros dos años de ejercicio administrativo, contraviniendo normativas de la Contraloría General del Estado.
Este informe cobra especial relevancia tras episodios de tensión legislativa donde se han denunciado presuntas presiones indebidas; por ejemplo, la cobertura previa en que un asambleísta denunció extorsión a alcaldes para excluirlos de auditorías patrimoniales, lo que generó un intenso debate sobre la transparencia en el manejo de expedientes reservados en el Parlamento.
Remisión formal a la Fiscalía General del Estado
La comisión multipartidista aprobó con votación mayoritaria recomendar el envío inmediato de los 190 expedientes a la Fiscalía General del Estado para que se aperturen investigaciones previas por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, testaferrismo y lavado de activos. Asambleístas de distintas bancadas remarcaron que el informe no prejuzga culpabilidades pero exige explicaciones documentadas ante los jueces, conforme a los convenios internacionales promovidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El informe ha generado una intensa disputa en el Pleno parlamentario, donde legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) y de la Revolución Ciudadana han intercambiado señalamientos sobre presunta persecución política o blindaje selectivo en vísperas del calendario electoral de 2027.
Impacto institucional y demanda de rendición de cuentas
Organizaciones de veeduría ciudadana y transparencia pública exigieron que los informes no queden archivados ni sean utilizados como moneda de cambio político. Señalaron que los gobiernos autónomos descentralizados manejan presupuestos millonarios en obras de saneamiento, vialidad y recolección de basura que históricamente han sido vulnerables a redes de cohecho y sobreprecios. La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) emitió un comunicado solicitando que se garantice el debido proceso y la presunción de inocencia para los alcaldes señalados, exigiendo que las auditorías técnicas se conduzcan con estricto apego a las normas jurídicas y sin sesgos partidistas.
Mecanismos de detección y tipologías de lavado de activos
Los equipos técnicos de la UAFE resaltaron que los patrones sospechosos se identificaron mediante cruces de información con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el catastro nacional de bienes raíces. Entre las operaciones bajo sospecha constan transferencias hacia fideicomisos mercantiles no declarados, adquisiciones de flotas vehiculares a nombre de parientes cercanos de tercer grado de consanguinidad y constitución de compañías de transporte sin actividad económica real. La Fiscalía General del Estado creará una mesa especializada de fiscales anticorrupción para procesar las evidencias y determinar si procede el inicio de instrucciones fiscales.
