- El proyecto de Ley AntiMafia busca facilitar la monetización anticipada de activos delictivos.
- El Estado ecuatoriano asume altos costos administrativos para mantener haciendas y ganado incautados.
- La iniciativa legislativa plantea subastas ágiles antes de que los bienes pierdan su valor comercial.
- Se establecen mecanismos de transparencia y control para evitar irregularidades en las ventas.
La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador detalló los alcances del proyecto de Ley AntiMafia orientado a transformar el régimen de administración de los bienes incautados al crimen organizado. La iniciativa legal responde a la problemática financiera que enfrenta el Estado ecuatoriano, el cual actualmente debe desembolsar recursos públicos significativos para mantener propiedades, fincas agrícolas, flotas vehiculares y ganado decomisados en operativos antilavado, muchos de los cuales terminan deteriorándose o generando pérdidas económicas insostenibles para el erario nacional.
Impacto financiero de la custodia de bienes incautados
Durante su intervención ante los medios de comunicación y legisladores, la titular del Parlamento enfatizó que la custodia de propiedades vinculadas a estructuras delictivas no debe representar una carga presupuestaria para los ciudadanos. En casos recientes analizados por las comisiones legislativas, haciendas ganaderas intervenidas sufrieron la muerte de animales por falta de presupuesto para alimentación veterinaria y trabas burocráticas que impedían su comercialización oportuna en mercados agropecuarios.
El marco legal vigente impone restricciones procesales severas que demoran la disposición final de los activos hasta la emisión de sentencias judiciales condenatorias ejecutoriadas, un procedimiento que en la práctica judicial ecuatoriana puede prolongarse durante varios años. Como consecuencia directa de esta rigidez procesal, maquinaria pesada, embarcaciones y predios rústicos sufren depreciación acelerada mientras las instituciones públicas continúan cancelando contratos de guardianía privada, mantenimiento y logística.
Frente a este escenario, la Ley AntiMafia incorpora formalmente la figura de la extinción de dominio abreviada y la venta anticipada de bienes perecibles o de difícil conservación. Esta herramienta jurídica facultará al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público para subastar de manera expedita semovientes, vehículos y cosechas agrícolas, transfiriendo los fondos resultantes a cuentas bancarias especiales bajo custodia del Banco Central del Ecuador hasta que exista una resolución judicial firme.
Diversos asambleístas de bancadas de mayoría y minoría coincidieron en la urgencia de dotar a las autoridades judiciales de instrumentos ágiles que golpeen las finanzas ilícitas sin transferir los pasivos operativos al Estado ecuatoriano. Para contextualizar el impacto en la cobertura nacional, consulte también el análisis sobre el debate legislativo contra el crimen organizado.
Mecanismos de subasta y control institucional
El articulado de la propuesta legislativa establece que los procesos de enajenación se desarrollarán a través de subastas públicas electrónicas, con mecanismos de autenticación y verificación de antecedentes para impedir que testaferros o miembros de las propias bandas delictivas recompren los activos a precios irrisorios. La información oficial y sus normativas pueden verificarse a través del portal de la Asamblea Nacional del Ecuador.
Asimismo, se prevé que un porcentaje sustancial de los recursos monetizados se destine de forma directa al financiamiento del equipamiento táctico de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, así como a programas de prevención social del delito en zonas de alta vulnerabilidad.
El proyecto contempla también responsabilidades civiles y penales para los administradores y depositarios judiciales que incurran en negligencia manifiesta o permitan el desmantelamiento de bienes bajo su custodia provisional durante las etapas de instrucción fiscal.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado prepara el informe para segundo debate, incorporando aportes de juristas especializados en recuperación de activos ilícitos y estándares internacionales recomendados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Con la aprobación definitiva de este marco normativo, el Legislativo aspira a cortar los flujos patrimoniales de las redes del crimen organizado y optimizar el uso de los recursos públicos en beneficio del bienestar colectivo de todos los ecuatorianos. Asimismo, los informes técnicos correspondientes fueron documentados por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.
