- La Asamblea Nacional aprobó con 88 votos a favor la resolución que condena la agresión a una niña de nueve años.
- La bancada de la Revolución Ciudadana sumó 52 abstenciones durante la votación en el Pleno legislativo.
- El agresor de la menor en el Guasmo Sur permanece detenido con prisión preventiva de 40 días.
- El Parlamento ratificó su respaldo a las acciones de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este fin de semana, con el respaldo de 88 votos afirmativos, una resolución formal que condena enérgicamente la agresión física sufrida por una niña de nueve años en el sector del Guasmo Sur, en Guayaquil. La moción parlamentaria, impulsada por la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), generó un intenso intercambio político tras registrarse 52 abstenciones por parte de legisladores del movimiento Revolución Ciudadana (RC).
El caso cobró notoriedad nacional a raíz de la difusión de un video en redes sociales, donde se observaba el violento maltrato infligido a la menor de edad. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior ejecutaron un operativo inmediato que culminó con la captura del padrastro de la niña. La justicia ecuatoriana dictó 40 días de prisión preventiva contra el procesado mientras concluyen las investigaciones fiscales pertinentes.
Debate parlamentario y posturas de las bancadas legislativas
La asambleísta proponente enfatizó en su intervención que la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes constituye un deber moral supremo que debe trascender cualquier cálculo partidista. El texto aprobado condena de forma categórica cualquier manifestación de violencia intrafamiliar, física o psicológica en el país, e insta a los operadores judiciales a aplicar las máximas sanciones legales permitidas.
Por su parte, los representantes del bloque de la Revolución Ciudadana fundamentaron su abstención alegando discrepancias sobre la redacción de ciertos considerandos del proyecto. Argumentaron que el documento incorporaba valoraciones políticas que, a su juicio, pretendían responsabilizar a gestiones anteriores del deterioro social en sectores vulnerables. Esta postura desató fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones civiles defensoras de la niñez.
La resolución del pleno se adoptó en una jornada de intensa actividad legislativa, mientras el presidente Daniel Noboa viajó a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Protección a menores y fortalecimiento del sistema judicial
La resolución legislativa exhortó al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a garantizar acompañamiento psicológico y asistencia material continua a la pequeña víctima y a su entorno familiar. Asimismo, se requirió al Consejo de la Judicatura una veeduría estricta para asegurar que el proceso penal en curso se desarrolle con celeridad y sin dilaciones injustificadas.
Diversos juristas señalaron que la violencia contra menores exige una respuesta articulada entre las distintas funciones del Estado. La sociedad ecuatoriana demanda reformas legales urgentes que impidan la impunidad en delitos que vulneren a poblaciones de atención prioritaria. El Legislativo se comprometió a fiscalizar periódicamente la efectividad de las medidas de protección dictadas por los juzgados de familia.
El debate parlamentario incluyó intervenciones de representantes de diversas provincias, quienes recordaron que el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador se encuentra en un proceso de reforma integral en la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes. Los legisladores coincidieron en que se deben tipificar con mayor rigor las sanciones contra agresores reincidentes en entornos intrafamiliares.
Asimismo, los asambleístas solicitaron al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional que remita un informe pormenorizado sobre el estado de las políticas públicas de prevención de la violencia en el cantón Guayaquil. El documento legislativo ratifica que el Parlamento mantendrá audiencias de fiscalización mensuales con los ministros del área social para supervisar la ejecución de los presupuestos destinados a casas de acogida y defensorías comunitarias.
Desde el portal oficial de la Asamblea Nacional del Ecuador se detalló el registro de votación nominal de cada asambleísta. En paralelo, la Fiscalía General del Estado confirmó que la instrucción penal contra el agresor continúa recabando testimonios periciales y valoraciones médicas para sustentar la acusación definitiva.
