La Policía desaloja sede de la Corte Constitucional por amenaza de bomba en Quito, luego de una alerta generada la noche del 19 de septiembre de 2025. Los equipos especializados intervinieron con rapidez en el inmueble, ubicado en el sector de La Mariscal, garantizando la seguridad de jueces y funcionarios.
Intervención de equipos especializados en la Corte Constitucional
La Policía desaloja sede de la Corte Constitucional por amenaza de bomba con apoyo del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y del Escuadrón Antiexplosivos. Ambos cuerpos realizaron inspecciones completas dentro y fuera del edificio. Aunque la alerta resultó ser falsa, la reacción inmediata evidenció la preparación de las fuerzas del orden frente a posibles amenazas que afecten instituciones del Estado.
La Corte Constitucional bajo presión política
El desalojo, llevado a cabo por la Policía debido a una amenaza de bomba en la sede, ocurrió mientras jueces permanecían en sesión dentro del edificio. Funcionarios indicaron que no existió coerción, pero sí una orden clara de evacuación inmediata debido a la amenaza de bomba en la sede, manejada por la Policía. En esta situación, que la policía interviniera desalojando la Corte se interpreta en medio de las tensiones actuales. Pese a lo ocurrido, la institución aseguró que sigue operativa. El contexto resulta especialmente sensible, dado que la Corte analiza demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 148 emitido por el presidente Daniel Noboa.
#Urgente | @CorteConstEcu en evacuación. Noticia en desarrollo… pic.twitter.com/T5qaqoGLRi
— Justicia Minuto a Minuto (@MinutoJusticia) September 20, 2025
Impacto político del incidente en Quito
Que la Policía desaloja sede de la Corte Constitucional por amenaza de bomba coincide con tensiones crecientes entre el Ejecutivo y el máximo tribunal. Noboa presentó una consulta popular directamente al Consejo Nacional Electoral, sin el filtro de la Corte. El CNE prevé reunirse el 20 de septiembre de 2025 para avanzar en la organización del proceso, lo que incrementa el escenario de confrontación política.
Con este hecho donde la sede de la Corte fue desalojada por amenaza de bomba, se refuerza la importancia de los protocolos de seguridad, incluso cuando la amenaza no resulta real. La intervención policial, al desalojar la sede de la Corte, evitó riesgos y mostró la fragilidad del entorno institucional expresando la necesidad de garantizar la seguridad.
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