La carrera por el Consejo de la Judicatura ha comenzado, y Mario Godoy se perfila como una figura central gracias a sus múltiples vínculos familiares y políticos. Su candidatura ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, especialmente por su cercanía con altos funcionarios y operadores vinculados al oficialismo.
Conexiones políticas en el CPCCS
Uno de los enlaces clave es Johanna Verdezoto, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quien el 16 de abril de 2025 delegó a su asesor Christian Troya Macías como representante ante la Comisión Técnica encargada de la selección. Troya fue comunicador de Mario Godoy en la Judicatura y anteriormente asesor de Fausto Jarrín en la Asamblea. Su designación ocurrió solo 19 días después de ingresar al CPCCS.
Conflictos de interés en la selección
El reglamento establece que los vocales deben ser escogidos por méritos y sin conflictos de interés. Sin embargo, Troya será quien evalúe las impugnaciones, incluyendo las que puedan dirigirse a Mario Godoy. Además, su breve paso por la Judicatura, donde fue asesor de comunicación por apenas 10 días en julio de 2024, refuerza los cuestionamientos.
Apoyo desde el legislativo
El respaldo político de Mario Godoy se ve reflejado también en los movimientos del legislador Henry Bósquez, quien impulsó cambios en la terna de candidatos al Consejo, favoreciendo a figuras afines. Bósquez es hermano del fiscal Javier Bósquez, pareja de Verdezoto, y ha impulsado decisiones que benefician a postulantes cercanos al oficialismo.
Una red que conecta todo
La abogada Dolores Vintimilla Espinoza, esposa de Mario Godoy, completa la red. Ha defendido a figuras clave como Maribel Barreno y José Tamayo Arana. Su alianza con Javier Bósquez se evidenció en las elecciones del Colegio de Abogados de Pichincha, donde compartieron lista.
Cuestionamientos sin respuesta
Pese a los pedidos de entrevista enviados a Mario Godoy, Verdezoto, Jarrín y Bósquez, ninguno respondió. La estructura que respalda su candidatura despierta dudas legítimas sobre la imparcialidad del proceso y la posible consolidación de una Judicatura alineada con intereses políticos.
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