El Plan Nacional de Seguridad Integral incorpora una reforma del sistema penitenciario ecuatoriano como uno de los ejes centrales de la estrategia de seguridad para el período 2025-2029. El documento plantea una reorganización institucional, inversiones en infraestructura, modernización tecnológica y un fortalecimiento del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), con el objetivo de que este organismo recupere el control operativo de las cárceles a partir de 2027.
Durante los últimos cinco años, el sistema penitenciario ha enfrentado una crisis marcada por masacres, motines, fugas y disputas entre organizaciones criminales por el control de los centros de privación de libertad. Frente a este escenario, el Estado mantiene el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad dentro de las cárceles.
Plan Nacional de Seguridad Integral prioriza la reforma penitenciaria
El Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 ubica al sistema penitenciario como un componente estratégico de la política pública de seguridad. Entre sus principales objetivos está recuperar la gobernabilidad de las cárceles y evitar que estos espacios continúen siendo utilizados por organizaciones delictivas para coordinar actividades ilícitas.
La propuesta contempla una reforma institucional del SNAI, la modernización progresiva de la administración penitenciaria y el fortalecimiento de las capacidades operativas del sistema.
Las cárceles serán consideradas zonas estratégicas de seguridad
Uno de los cambios más relevantes consiste en declarar a todos los Centros de Privación de Libertad (CPL) como zonas de seguridad. Con esta medida, las cárceles pasarán a formar parte de la infraestructura estratégica del Estado y estarán integradas a la política nacional de seguridad.
El diagnóstico incluido en el plan identifica una crisis estructural caracterizada por el hacinamiento, la violencia y las limitaciones institucionales para ejercer un control efectivo.
Según el documento, hasta julio de 2025 el sistema penitenciario registró 34.612 personas privadas de libertad y un 29,06 % de hacinamiento.
Además, el informe señala que, aunque las muertes violentas disminuyeron entre 2021 y 2024, durante 2025 volvió a registrarse un incremento de homicidios dentro de los centros penitenciarios.
Plan Nacional de Seguridad Integral fortalece al SNAI
Como parte del Objetivo Estratégico 3, el Plan Nacional de Seguridad Integral propone reconstruir el sistema penitenciario mediante una reforma integral del SNAI.
Entre las medidas previstas constan la actualización del marco legal, la implementación de un plan de carrera para el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria (CVSP), así como inversiones destinadas a mejorar la infraestructura y los sistemas de vigilancia.
El documento también plantea fortalecer la coordinación entre la inteligencia penitenciaria, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado para mejorar la capacidad de respuesta frente a las organizaciones criminales.
Asimismo, establece que la administración penitenciaria deberá alcanzar mayor autonomía institucional para asumir nuevamente el control de la seguridad en los centros de privación de libertad.
Tecnología e inteligencia para fortalecer el sistema penitenciario
La modernización tecnológica constituye otro de los pilares del plan. El Gobierno proyecta incorporar sistemas avanzados de vigilancia y ampliar la interoperabilidad del subsistema de inteligencia penitenciaria.
Entre las herramientas contempladas figuran sistemas de inteligencia artificial, drones, plataformas de ciberseguridad y sistemas de comunicación satelital.
Además, el plan propone integrar información en tiempo real con organismos militares, policiales y financieros para detectar estructuras criminales relacionadas con el sistema penitenciario.
Salida gradual de los militares de las cárceles
El Plan Nacional de Seguridad Integral establece que las Fuerzas Armadas dejarán progresivamente las funciones extraordinarias que actualmente desempeñan en los centros penitenciarios una vez que el SNAI fortalezca sus capacidades institucionales.
La estrategia prevé una transición gradual para que la seguridad interna vuelva a ser administrada por la autoridad penitenciaria, siempre que existan mejores condiciones operativas, personal capacitado y una estructura fortalecida.
Este proceso forma parte de la hoja de ruta definida por el Gobierno para consolidar un sistema penitenciario con mayor capacidad de gestión y control.
El objetivo es que el SNAI recupere el control en 2027
El documento fija como meta que el SNAI retome plenamente la administración de la seguridad penitenciaria en 2027.
No obstante, el cumplimiento de este objetivo dependerá de la implementación de las reformas institucionales previstas, el fortalecimiento de la capacidad operativa del sistema y la recuperación de la gobernabilidad dentro de los centros de privación de libertad.
Con estas acciones, el Plan Nacional de Seguridad Integral busca reorganizar el sistema penitenciario y fortalecer la capacidad del Estado para ejercer el control de las cárceles mediante reformas, inversión y modernización tecnológica.
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