El Plan Nacional de Seguridad oficializado por el Gobierno de Daniel Noboa redefine la estrategia de seguridad del Estado ecuatoriano y mantiene a las Fuerzas Armadas al frente del control temporal de las cárceles hasta 2027. La nueva política pública sustituye el esquema aprobado durante el gobierno de Lenín Moreno y adopta un modelo basado en la acción unificada de las instituciones estatales.
El documento fue aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) el 26 de marzo de 2026 y formalizado mediante decreto ejecutivo el 14 de julio de 2026. El Plan Nacional de Seguridad se adapta al contexto del conflicto armado interno declarado por el Ejecutivo desde enero de 2024 y busca fortalecer la respuesta estatal frente a las estructuras del crimen organizado.
Plan Nacional de Seguridad redefine la estrategia del Estado
El Plan Nacional de Seguridad establece una reestructuración operativa para combatir a las organizaciones delictivas que operan en Ecuador.
Con su entrada en vigencia, queda sin efecto la planificación aprobada durante la administración de Lenín Moreno, cuya vigencia estaba prevista hasta 2030.
El nuevo modelo incorpora un enfoque holístico sustentado en el principio de acción unificada. Bajo este mecanismo, todas las capacidades del Estado deben actuar de forma coordinada y dejar atrás el trabajo aislado entre instituciones.
Además, la estrategia reemplaza las 99 acciones contempladas en el plan anterior por siete Objetivos Nacionales de Seguridad que orientarán la política pública entre 2025 y 2029.
La nueva visión también prioriza la protección de siete intereses nacionales considerados esenciales, entre ellos la soberanía, la vida digna, el patrimonio natural y la prosperidad con equidad.
El objetivo principal consiste en conducir al país desde un escenario de elevada conflictividad armada hacia una situación de normalidad social y productiva.
Fuerzas Armadas fortalecen la seguridad interna
Uno de los principales cambios del documento consiste en fortalecer la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interna.
La normativa consolida la presencia militar tanto en las calles como en los centros de privación de libertad.
Asimismo, el Ministerio de Defensa Nacional asume la responsabilidad de centralizar el diseño, la administración, el seguimiento, la evaluación técnica y el monitoreo de las políticas públicas del sector.
Este cambio responde al Decreto Ejecutivo 238, expedido en abril de 2024, mediante el cual esa cartera de Estado pasó a concentrar estas competencias.
Durante 2024 fueron desplegados cerca de 31.000 militares en distintas zonas del territorio nacional. Posteriormente, para 2025, el Gobierno incorporó 1.750 soldados adicionales en nueve jurisdicciones consideradas críticas por sus niveles de criminalidad.
En este contexto, el Plan Nacional de Seguridad fortalece el papel operativo de las Fuerzas Armadas dentro de la estrategia estatal.
Plan Nacional de Seguridad mantiene el control militar de las cárceles
El tercer Objetivo Nacional de Seguridad contempla la reconstrucción del sistema penitenciario ecuatoriano, considerado un componente estratégico dentro de la seguridad del Estado.
Como parte de esa política, las Fuerzas Armadas continuarán ejerciendo el control temporal de las cárceles, tal como ocurre desde enero de 2024.
La meta oficial establece que, para 2027, la administración de los centros penitenciarios vuelva al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Esta medida busca responder a la crisis estructural que enfrenta el sistema penitenciario.
Según la información oficial, las cárceles presentan un hacinamiento del 29,06 %. Actualmente albergan a 34.612 personas privadas de libertad, una cifra que supera la capacidad instalada y dificulta la prestación de servicios esenciales y los procesos de rehabilitación.
El Plan Nacional de Seguridad establece este control temporal como parte del proceso de reorganización del sistema carcelario.
Interoperabilidad entre instituciones públicas
Otro de los componentes centrales de la estrategia consiste en impulsar la interoperabilidad entre las instituciones públicas.
La política prevé la integración técnica, organizacional, jurídica y semántica de las bases de datos estatales para facilitar el intercambio de información.
En ese esquema participarán entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Aduanas.
El objetivo consiste en compartir información en tiempo real para identificar el financiamiento ilícito y rastrear los recursos económicos vinculados a grupos armados organizados.
Además, el Centro Nacional de Inteligencia adquiere un papel más relevante dentro del nuevo modelo.
Entre sus funciones estará anticipar acciones de actores estatales o externos que busquen desestabilizar al país y neutralizar estructuras subversivas dentro del sistema penitenciario.
La cooperación internacional también será considerada un recurso estratégico para fortalecer las capacidades nacionales frente al crimen organizado transnacional.
Plan Nacional de Seguridad busca fortalecer la seguridad del país
El Plan Nacional de Seguridad tiene como propósito conducir al Ecuador desde un escenario de elevada conflictividad armada hacia una situación de mayor normalidad social y productiva.
Para alcanzar ese objetivo, el Ejecutivo estructuró la estrategia sobre un esquema de prioridades basado en fines, modos y medios, utilizando tanto las capacidades nacionales como el apoyo de la cooperación internacional.
Con la entrada en vigor del Plan Nacional de Seguridad, el Ministerio de Defensa concentra la coordinación de las políticas de seguridad, mientras las Fuerzas Armadas mantienen un papel relevante en las operaciones internas y en la administración temporal de las cárceles hasta 2027. Paralelamente, las instituciones estatales avanzarán en la interoperabilidad de sus sistemas para fortalecer el intercambio de información y mejorar la respuesta frente al crimen organizado.
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