- La estructura criminal se enfocó en el poliducto Libertad-Pascuales.
- La red no solo robaba el combustible, sino que lo adulteraba para ganar más dinero.
- Tras el peritaje de los celulares incautados, el juez Renán Andrade Castillo dictó prisión preventiva para 15 de los 16 procesados.
La Fiscalía de Ecuador ha dado un golpe contundente a la corrupción institucional. El pasado 8 de abril de 2026, una red de delincuencia organizada fue desarticulada tras descubrirse que perforaban poliductos de Petroecuador con la ayuda de uniformados. Las pruebas principales son chats de WhatsApp donde los cabecillas, Jonathan García y Joseline Tapia, coordinaban la extracción ilegal y el pago de sobornos a las fuerzas del orden.
«Pinchazos» y complicidad en Santa Elena
La estructura criminal se enfocó en el poliducto Libertad-Pascuales. Por eso, era vital contar con la ayuda de quienes debían vigilar la zona. Según las investigaciones, el militar Pablo Galárraga habría brindado seguridad a los delincuentes a cambio de pagos de hasta USD 2.000.
Además de la protección física, los chats revelan una logística cínica:
- Uso de drones: Los delincuentes vigilaban que «el pájaro» (drones de Petroecuador) no detectara las perforaciones.
- Alertas en tiempo real: Policías como Rommel de la Torre avisaban cuando estaban de turno para garantizar el «paso libre» de los camiones con combustible robado.
El engaño químico: De gasolina extra a «Súper»
La red no solo robaba el combustible, sino que lo adulteraba para ganar más dinero. Mediante el uso de tintas y colorantes, los delincuentes cambiaban el aspecto de la gasolina extra para venderla como súper en el mercado negro. Por esta razón, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, ya que el delito no solo afecta al Estado, sino que engaña directamente al consumidor y daña los motores de los vehículos.
Prisión preventiva para los implicados
Tras el peritaje de los celulares incautados, el juez Renán Andrade Castillo dictó prisión preventiva para 15 de los 16 procesados. Sin embargo, una de las implicadas recibió arresto domiciliario por encontrarse en estado de gestación. Este caso, ocurrido entre octubre de 2024 y abril de 2026, deja en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura estratégica cuando existe complicidad interna.
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