El Gobierno ecuatoriano presentó este 21 de enero de 2026 una reforma legal que propone penas de hasta 26 años de cárcel para reclutamiento de menores en bandas criminales. La iniciativa busca frenar el uso de niños y adolescentes en actividades delictivas que han aumentado alarmantemente en el país.
La propuesta fue entregada en la Asamblea Nacional por el ministro del Interior, John Reimberg, junto a la vicepresidenta María José Pinto. Por tanto, el proyecto marca un endurecimiento histórico en las sanciones contra quienes utilizan menores para cometer delitos.
Datos alarmantes sobre menores en actividades delictivas
Según cifras del Ministerio del Interior, entre enero y diciembre de 2025 fueron detenidos 2.812 menores de edad entre 12 y 17 años. Esta cifra representa el 3,9% del total de 71.399 personas aprehendidas en ese período.
El ministro Reimberg reconoció que la fragmentación institucional ha permitido la persistencia del reclutamiento de menores en bandas delictivas. Debido a esto, la reforma establece mecanismos de coordinación obligatoria entre entidades.
Incremento de penas en el Código Penal
La reforma modifica tres artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En consecuencia, las sanciones se duplican y hasta triplican en algunos casos:
Artículo 127 – Reclutamiento en conflicto armado:
- Pena actual: 10 a 13 años de prisión
- Pena propuesta: 22 a 26 años de prisión
Artículo 369.1 – Reclutamiento con fines delictivos:
- Pena actual: 10 a 13 años de cárcel
- Pena propuesta individual: 19 a 22 años
- Pena propuesta para estructuras delictivas: 22 a 26 años
Además, el proyecto incorpora la reserva de identidad del denunciante en casos de penas de hasta 26 años de cárcel para reclutamiento de menores en bandas. Esta medida protegerá a quienes reporten estos delitos.
Enfoque integral más allá de las penas
La asambleísta Valentina Centeno, jefa de la bancada ADN, destacó que la propuesta no se limita al endurecimiento punitivo. Igualmente, incluye programas de prevención en salud mental, educación, deporte y cultura.
El plan contempla becas, ayuda psicológica y apoyos económicos temporales para familias vulnerables. Asimismo, todas estas medidas cuentan con financiamiento garantizado del Gobierno central.
En total, la reforma afectará 11 cuerpos legales vigentes. Entre ellos, el Código de la Niñez, Ley de Educación, Ley del Deporte y Ley de Seguridad Pública del Estado.
Disputa política por el tratamiento legislativo
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunirá el 23 de enero para asignar la propuesta a una comisión permanente. Sin embargo, ya existe tensión entre bancadas.
Centeno adelantó que el proyecto podría ir a la Comisión de Transparencia, liderada por Diana Jácome de ADN. No obstante, el correísta Blasco Luna señaló que corresponde tratarlo en la Comisión de la Niñez.
«No vamos a permitir que este proyecto se politice», advirtió Centeno. Por otra parte, Luna pidió respetar las competencias definidas en la Ley de la Función Legislativa.
Contexto de crisis de seguridad en Ecuador
La reforma llega en medio de una grave crisis de violencia que afecta especialmente a ciudades como Manta y Guayaquil. Posteriormente, autoridades han documentado casos donde adolescentes realizan sicariatos por apenas USD 150.
Finalmente, el proyecto representa uno de los esfuerzos más integrales para combatir el reclutamiento de menores en bandas y restaurar la seguridad ciudadana en Ecuador. La efectividad de la reforma dependerá tanto de su aprobación legislativa como de la coordinación interinstitucional para su implementación.
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