Patricio Carrillo hizo declaraciones en respuesta a la demanda presentada por asambleístas electos del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), quienes han interpuesto una acción de protección con medidas cautelares para evitar que el general en servicio pasivo asuma su cargo como asambleísta nacional por el movimiento Construye (lista 25).
Los miembros de RC argumentan que Carrillo no puede desempeñar el cargo para el cual fue elegido en las elecciones anticipadas del 20 de agosto debido a su inhabilitación para ocupar puestos en la función pública. Esta inhabilitación resultó de un juicio político llevado a cabo este año en la Asamblea Nacional. Además, señalan que el Ministerio del Trabajo ha certificado que el exministro del Interior también tiene impedimentos legales para ejercer cargos públicos.
Carrillo considera que este intento por parte de la Revolución Ciudadana es una “persecución política” que se inició durante el juicio político en su contra. Uno de los interpelantes, el exasambleísta Peter Calo, tenía afinidad con los movimientos que lideraron las protestas de octubre de 2019 y junio de 2022. Carrillo sostiene que esta acción es también una represalia de actores políticos vinculados a la minería ilegal y al desfalco del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
El general en servicio pasivo, quien encabezó la lista de candidatos a asambleístas nacionales por el movimiento Construye, argumenta que ha sido objeto de ataques continuos por parte de este movimiento.
Carrillo afirma que las acciones de la Revolución Ciudadana buscan socavar la representación democrática de los 1,7 millones de personas que respaldaron la lista 25 con sus votos. Además, sugiere que sería deseable que la misma energía se empleara para exigir que aquellos prófugos que no han cumplido con sus sentencias regresen al país, y que los grandes problemas de Ecuador no se resuelven mediante conflictos políticos.
El abogado defensor de Carrillo, Ramiro García, ha explicado que responderán a sus adversarios en las instancias legales correspondientes. Según García, el juicio político contra Carrillo no transforma a la Asamblea Nacional en un órgano jurisdiccional, por lo que no puede derivar en un impedimento para ejercer un cargo de elección popular. Destaca que Ecuador es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que obliga al país a ajustar sus normativas y decisiones a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. García subraya la distinción que hace el sistema entre cargos públicos y cargos de elección popular, lo que invalidaría el argumento de inhabilitación basado en una norma legal cuando existe una disposición convencional que diferencia claramente entre los dos tipos de cargos.
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