El escenario político en Quito se intensifica con la recolección de 300.000 firmas que buscan la revocatoria del alcalde Pabel Muñoz. Mientras tanto, la Corte Constitucional mantiene en análisis una acción extraordinaria de protección interpuesta por la autoridad municipal. Esto abre un frente de tensión entre lo político y lo jurídico.
La meta de las firmas y el avance ciudadano
El promotor de la iniciativa, Néstor Marroquín, confirmó que hasta el 12 de septiembre de 2025 se alcanzaron las 300.000 rúbricas. Estas superan ampliamente el umbral de 205.000 que exige la ley para dar paso a un proceso de consulta popular.
El movimiento ciudadano planea seguir recibiendo firmas hasta el 15 de septiembre. Además, preparan la entrega oficial al Consejo Nacional Electoral (CNE) en los primeros días de octubre. El objetivo es duplicar la cifra legal para impedir cualquier obstáculo administrativo. Así, buscan que el CNE convoque sin dilaciones.
Si el proceso avanza, la consulta podría unirse a la que impulsa el presidente Daniel Noboa, lo que añadiría un componente político de alcance nacional.
La defensa del alcalde y el pedido a la Corte Constitucional
Desde la alcaldía, Pabel Muñoz ha sostenido que existen irregularidades en la habilitación del mecanismo de revocatoria. Afirma que sus derechos fueron vulnerados. El 8 de agosto respondió formalmente a la Corte Constitucional en el marco del expediente 837-25-EP. En él cuestiona la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Los argumentos de su defensa giran en torno a presuntas violaciones procesales y constitucionales: falta de notificación, ausencia de motivación en la sentencia, incumplimiento de solemnidades legales y limitaciones al derecho a la defensa. Muñoz solicita que la Corte deje sin efecto las resoluciones emitidas en marzo. Pide que su caso se tramite con carácter prioritario, antes de que avance un proceso que califica de “viciado”.
Los amicus curiae en pugna
El debate también se ha trasladado al terreno académico y jurídico. El colectivo La Raíz Pensamiento Crítico presentó un amicus curiae en respaldo al alcalde, alegando que fue dejado en indefensión. Por el contrario, el abogado Santiago Becdach intervino en favor del TCE, defendiendo la legitimidad del mecanismo ciudadano.
Becdach sostiene que la revocatoria no debe ser obstaculizada, ya que constituye un derecho de participación. Afirma que la defensa del funcionario se debe ejercer únicamente en la etapa electoral. Es decir, en la consulta popular y no durante la fase de recolección de firmas.
Este cruce de posturas refleja la tensión entre quienes defienden la institucionalidad y los derechos ciudadanos frente a quienes cuestionan la legalidad del proceso.
Un escenario de incertidumbre política y jurídica
La Corte Constitucional aún no tiene un plazo definido para pronunciarse. Mientras tanto, Quito observa un pulso político en el que confluyen la iniciativa ciudadana, la estrategia legal del alcalde y la expectativa de los organismos electorales.
Lo que ocurra en las próximas semanas no solo definirá el futuro político de Pabel Muñoz. También marcará un precedente sobre el alcance y la aplicación de los mecanismos de democracia directa en Ecuador.
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