La madrugada del jueves 7 de agosto de 2025, el alcalde de Pujilí, José Arroyo, fue detenido como parte de las investigaciones en el denominado caso Ornato Municipal. Durante su aprehensión, se evidenció que en su cédula de identidad figuraba como “mujer”. Al ratificar su deseo de ser tratado según ese género, las autoridades ordenaron su traslado al Centro de Privación de Libertad Quito Femenino Atención Prioritaria ‘Casa de Confianza’.
Esta decisión generó un intenso debate público y la reacción inmediata de organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBT+.
Reacciones de los colectivos LGBT+
Varias agrupaciones, entre ellas la Asociación Silueta X, la Asociación Transmasculinos Ecuador, la Plataforma Nacional Resolución Trans y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+, emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación. Según los colectivos, el caso podría ser un uso oportunista de la normativa ecuatoriana. Esta normativa permite el cambio de género en el Registro Civil.
En su pronunciamiento, advirtieron que esta situación “plantea serias interrogantes sobre la aplicación parcial y potencialmente corrupta de las políticas registrales”. Esto, además, pone en riesgo la credibilidad y el espíritu de la ley. La ley fue diseñada para proteger la identidad de género de las personas trans.
Señalamientos sobre el cambio de género de Arroyo
De acuerdo con estas organizaciones, José Arroyo habría realizado el cambio de género en su documento de identidad en 2024. Su cambio coincidió con el inicio de las investigaciones por presunto peculado en el caso Ornato Municipal. Resaltan que no existe evidencia pública de un proceso de transición ni de una autoidentificación previa como persona trans. Esto alimenta las sospechas sobre la verdadera motivación de esta modificación legal.
También señalaron que, aunque en su cédula consta como “mujer”, Arroyo no modificó su nombre. Esto es algo poco habitual en los procesos de cambio de género que se realizan en Ecuador.
Llamado a proteger la ley y sus fines
Los colectivos advirtieron que este caso podría afectar los avances alcanzados por la comunidad trans en el reconocimiento de sus derechos. Rechazaron cualquier uso distorsionado de la normativa y exigieron a las autoridades que se investigue a fondo el procedimiento que permitió el cambio de género del alcalde. Asimismo, pidieron investigar el rol del Registro Civil en este proceso.
“El reconocimiento de la identidad de género es un derecho humano fundamental, no una herramienta para evadir responsabilidades legales”, enfatizaron en su comunicad
José Arroyo es uno de los 17 detenidos durante un amplio operativo policial realizado en tres provincias del país. Este operativo investiga la presunta adjudicación irregular de obras públicas en el municipio de Pujilí. Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos vinculados al caso Ornato Municipal.
Fuente: Primicias
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