Este lunes 8 de diciembre de 2025, organizaciones sociales exigen justicia a un año del caso de los cuatro niños de Las Malvinas en Guayaquil. Colectivos de derechos humanos presentaron una rueda de prensa para recordar la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Steven Medina Lajones, Josué Arroyo Bustos, Ismael Arroyo Bustos y Nehemías Arboleda Portocarrero. Los cuatro adolescentes afrodescendientes fueron víctimas de violaciones graves a sus derechos fundamentales.
La convocatoria estuvo a cargo de la Mesa de Solidaridad por los 4 de Las Malvinas. Esta articulación está integrada por Afroredh, Inredh y la Alianza por la Niñez y Adolescencia, entre otras organizaciones. Además, representantes de familias afectadas reiteraron sus pedidos de verdad, justicia y reparación integral ante la ausencia de respuestas satisfactorias del Estado ecuatoriano.
Cronología del caso que conmocionó al Ecuador
El 8 de diciembre de 2024, los cuatro adolescentes salieron de sus prácticas deportivas en Las Malvinas. Mientras transitaban por los alrededores del Mall del Sur, fueron detenidos arbitrariamente por miembros de las Fuerzas Armadas. Tras su traslado a la Base Aérea de Taura, se perdió todo rastro de ellos.
Ese mismo día, las familias denunciaron la desaparición ante la Fiscalía. Sin embargo, la institución no activó una respuesta inmediata. Por el contrario, pidió a los padres «esperar» sin tomar medidas urgentes. Fue recién el 16 de diciembre cuando se designó un nuevo fiscal para el caso. Esto ocurrió después de insistencias de los familiares y de organizaciones sociales que acompañaron el proceso.
La búsqueda concluyó el 31 de diciembre de 2024. Ese día se encontraron los restos calcinados de los cuatro niños en el recinto Casa de Zinc. Pasaron 22 días sin respuestas oficiales contundentes. En consecuencia, organizaciones sociales exigen justicia a un año del caso de los cuatro niños de Las Malvinas con mayor urgencia.
Señalamientos sobre vulneraciones sistemáticas de derechos humanos
Durante la rueda de prensa, Ingrid García Minda, coordinadora ejecutiva de Inredh, explicó hallazgos preocupantes. La organización identificó una sistematización de vulneraciones a derechos humanos atribuibles a las Fuerzas Armadas. Además, mencionó que el Plan Fénix no ha sido auditado ni fiscalizado adecuadamente.
García sostuvo que el caso reúne los tres elementos que configuran la desaparición forzada. Estos son: la privación de libertad, la ausencia de información por parte de las autoridades y la participación de agentes estatales. Asimismo, denunció que el Estado no ha transparentado los resultados del operativo en materia de seguridad.
Demandas de justicia y reparación integral
Las organizaciones mantienen varias demandas concretas ante las autoridades. Exigen transparencia total sobre las operaciones militares que estaban en curso aquel 8 de diciembre. Igualmente, solicitan investigaciones exhaustivas e independientes sobre la cadena de mando responsable. También piden reparación integral para las familias afectadas por esta tragedia.
Por otra parte, los colectivos de derechos humanos alertaron sobre irregularidades en las actuaciones estatales. Durante las semanas posteriores a la desaparición, acompañaron las gestiones de las familias. No obstante, encontraron obstáculos sistemáticos en el acceso a información y en la agilidad de las investigaciones iniciales.
Finalmente, mientras organizaciones sociales exigen justicia a un año del caso de los cuatro niños de Las Malvinas, persiste la preocupación por la impunidad. Las familias continúan esperando que se establezcan responsabilidades claras. El caso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia estatal. Además, representa un llamado urgente para que Ecuador garantice los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes afrodescendientes en contextos de militarización.
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Fuente:
elcomercio
