El Operativo contra Los Lobos dejó 13 detenidos y 19 allanamientos ejecutados de forma simultánea en siete ciudades del país. Además, la intervención se desplegó desde la madrugada del miércoles 25 de febrero. Las autoridades enfocaron las acciones en una estructura criminal vinculada con múltiples hechos violentos.
El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre los resultados preliminares. Asimismo, precisó que la Policía Nacional del Ecuador lideró el despliegue táctico y operativo. Cuatro de los aprehendidos constan como objetivos criminales priorizados, lo que evidencia la relevancia estratégica del procedimiento.
Intervenciones simultáneas en siete ciudades
El Operativo contra Los Lobos incluyó allanamientos en Santo Domingo de los Tsáchilas, La Concordia, Manta, Quevedo, Latacunga, La Maná y La Joya de los Sachas. Según el reporte oficial, la estructura tenía su centro de operaciones en Santo Domingo de los Tsáchilas. Desde allí coordinaba actividades ilícitas con alcance interprovincial.
Las autoridades atribuyen a esta organización delitos como sicariato, secuestro y asesinato. Además, la vinculan con tenencia ilegal de armas, extorsión y tráfico de drogas. En consecuencia, la investigación identifica al grupo como presunto responsable de 18 hechos violentos en esa provincia.

Antecedentes penales y estrategia institucional
Del total de detenidos, seis registran antecedentes penales. Este dato refuerza la hipótesis de reincidencia delictiva y consolidación estructural. Por lo tanto, el Operativo contra Los Lobos busca desarticular células con capacidad operativa sostenida.
La Policía ejecutó acciones coordinadas en varias jurisdicciones. Sin embargo, las autoridades confirmaron que las intervenciones continúan en desarrollo. El ministro Reimberg reiteró la consigna de “cero impunidad”. Además, sostuvo que el Estado mantendrá una ofensiva permanente contra organizaciones criminales.
El Operativo contra Los Lobos forma parte de una estrategia integral de contención. En consecuencia, las fuerzas del orden pretenden debilitar de manera progresiva las estructuras vinculadas con delitos conexos y violencia organizada.
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