La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional de Ecuador ha puesto bajo la lupa el proyecto de ley que busca regular los procedimientos eutanásicos en el país. El debate sobre la Eutanasia en el Ecuador ha cobrado relevancia en este proceso. Este análisis exhaustivo, realizado el 3 de febrero, se centró en desentrañar los posibles riesgos jurídicos que podrían surgir de la implementación de esta legislación. Además, delegados de la Fiscalía General del Estado y especialistas en la materia fueron convocados para ofrecer sus perspectivas y observaciones técnicas.
Alertas de la Fiscalía y Expertos: Vacíos Legales y Riesgos Penales
Durante la sesión, tanto la Fiscalía como los expertos invitados coincidieron en señalar la existencia de vacíos legales significativos y riesgos penales latentes en el proyecto de ley. Por ello, estas advertencias subrayan la necesidad de una revisión minuciosa y una redacción precisa para evitar consecuencias no deseadas en el sistema judicial ecuatoriano.
El debate, desde el principio, se enfocó en los alcances legales del texto. Por eso, dejaron de lado los criterios médicos. Los participantes expresaron su preocupación por cómo una redacción imprecisa podría acarrear efectos irreversibles en el ámbito penal y en la protección de los derechos fundamentales.
Cuestionamientos Clave de la Fiscalía
Ricardo Reyes Vasco, coordinador general jurídico de la Fiscalía General del Estado, enfocó su intervención en aquellos artículos que podrían impactar directamente las funciones del sistema penal. Uno de los principales cuestionamientos se centró en la exigencia de reconfirmar la voluntad del paciente «de viva voz» antes de llevar a cabo el procedimiento eutanásico.
Reyes advirtió que el proyecto no contempla situaciones en las que el paciente haya perdido la capacidad de hablar. Por lo tanto, él planteó interrogantes sobre cómo se procedería en tales casos. «¿Qué sucede si un paciente con esclerosis múltiple ya no puede emitir esa reconfirmación?», preguntó, evidenciando una laguna importante en la legislación propuesta.
Además, la Fiscalía señaló vacíos en los plazos del consentimiento informado. El proyecto establece un límite de 30 días entre la autorización y la aplicación del procedimiento. Sin embargo, no define qué ocurre si ese plazo se cumple sin que la eutanasia se haya ejecutado. Debido a esta falta de claridad, podría generarse incertidumbre jurídica y dificultar la aplicación de la ley.
Objeción de Conciencia Médica: Un Derecho Fundamental en Riesgo
Otro punto crítico abordado fue la objeción de conciencia médica. El proyecto exige que el profesional de la salud motive por escrito su negativa a participar en el procedimiento eutanásico. Para la Fiscalía, esta exigencia vulnera un derecho fundamental, ya que «los derechos no necesitan ser motivados para su ejercicio». Obligar a un médico a justificar sus creencias personales podría considerarse una imposición indebida y una restricción a su libertad de conciencia.
Riesgos en la Reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP)
La observación más sensible se centró en la reforma al artículo 30 del COIP. El proyecto plantea que no habrá infracción penal cuando se actúe conforme a la voluntad del titular del derecho afectado, en situaciones previstas por la ley. Sin embargo, la Fiscalía advirtió que esta redacción podría abrir la puerta a que el consentimiento excluya la responsabilidad penal en cualquier delito. Esto no solo sería en casos de eutanasia.
«Esto podría aplicarse no solo a la eutanasia, sino a escenarios genéricos», alertó Reyes, mencionando riesgos de interpretaciones peligrosas dentro del sistema judicial. Además, para evitar estos efectos colaterales, la Fiscalía recomendó que la exclusión de responsabilidad penal se incorpore únicamente dentro del tipo penal de homicidio y no en la parte general del COIP.
Advertencias Adicionales y Contexto de Vulnerabilidad
La advertencia de la Fiscalía incluyó un contexto adicional: la vulnerabilidad del sistema judicial frente a presiones externas. «Abrir este abanico puede ser riesgoso», dijo Reyes, al mencionar la infiltración del crimen organizado en ciertos sectores de la justicia. Por lo tanto, esta preocupación subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el sistema judicial para evitar abusos y garantizar la correcta aplicación de la ley.
Contradicciones con la Corte Constitucional
Héctor Yépez, docente de la UEES y exasambleísta, también expresó su preocupación sobre posibles contradicciones con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por un lado, Yépez recordó que la Corte fue clara al señalar que no existe en Ecuador un derecho a la muerte digna. Por otro lado, el proyecto de ley menciona este concepto en varios artículos y considerandos.
Para Yépez, esto contradice directamente a la Corte, que únicamente despenalizó el homicidio en casos excepcionales, sin crear un nuevo derecho fundamental. Esta discrepancia podría generar conflictos legales y dificultar la interpretación y aplicación de la ley.
Confusión entre Eutanasia Activa y Pasiva
Otro de los cuestionamientos planteados por Yépez fue la confusión conceptual del proyecto entre eutanasia activa y pasiva. Él explicó que la eutanasia pasiva (no iniciar o retirar tratamientos) ya es legal en Ecuador y no forma parte del alcance de la sentencia de la Corte. Sin embargo, el proyecto incluye estas prácticas dentro de la definición de eutanasia activa. Para Yépez, esto representa una «confusión conceptual increíble».
Comité Eutanásico: Poderes Excesivos y Falta de Claridad
Yépez también cuestionó la creación del Comité Nacional Científico Interdisciplinario Eutanásico, previsto en el proyecto. Aunque reconoció el valor de la asesoría técnica, advirtió que el texto le otorga facultades vinculantes y normativas, lo cual podría ser problemático desde el punto de vista del principio de legalidad. Además, señaló que el proyecto no define con claridad cómo se conforma ese comité ni quién nombra a sus integrantes, pese a la sensibilidad del tema.
Riesgo de Turismo de Eutanasia y Consideraciones Finales
Uno de los puntos más polémicos fue el enfoque de movilidad humana. Es decir, el proyecto establece que el acceso a estos procedimientos no dependerá de la condición migratoria. Por eso, según Yépez, esto podría convertir a Ecuador en un destino de «turismo de eutanasia».
En resumen, el análisis de la Comisión de Salud ha revelado una serie de riesgos jurídicos y conceptuales en el proyecto de ley sobre eutanasia en Ecuador. Por último, las advertencias de la Fiscalía y los expertos subrayan la necesidad de una revisión exhaustiva y una redacción precisa para evitar consecuencias no deseadas en el sistema judicial y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Fuente: Expreso
