Comisión de Transparencia sin resultados
La Comisión de Transparencia, dominada por el bloque oficialista ADN, acumula varios procesos de fiscalización sin emitir informes concluyentes. Los casos relacionados con los contratos suscritos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y las empresas Progen Industries y Austral Technical Management (ATM) siguen sin resolverse, pese a haber pasado casi cuatro meses desde su inicio.
El oficialismo desplazó la investigación desde la Comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta, hacia la de Transparencia, con el aval del Consejo de Administración Legislativa (CAL), manteniéndose como una fuerza central. Desde entonces, no se han presentado avances sustanciales.
El asambleísta Otto Vera, del Partido Social Cristiano, señaló que el informe sobre Progen apenas alcanza un 60 % de avance. Indicó que aún falta información de la Contraloría. En contraste, Blasco Luna, de Revolución Ciudadana, denunció que el oficialismo busca dilatar los procesos para “ocultar la corrupción”.
Fiscalización sobre bonos en campaña, también sin informe
Otro proceso que pasó de una comisión correísta a una oficialista es la fiscalización sobre la entrega de bonos y becas durante la campaña presidencial de 2025. Esta investigación, que involucra al presidente Daniel Noboa, fue reasignada a la Comisión de Transparencia bajo el argumento de que se trata de un tema de control social.
Han pasado más de tres meses desde esa decisión y no existe un informe claro. La presidenta de la comisión, Diana Jácome, afirmó que se ha solicitado información a las entidades competentes, pero no detalló avances ni plazos concretos, asegurando el carácter del oficialismo en estos procedimientos.
Caso de alias Fede: informe reservado y sin responsables
La Comisión de Seguridad, también controlada por ADN, manejó de forma reservada la investigación sobre la fuga de alias Fede, líder del grupo delictivo Los Águilas. Aunque el informe final exhortó a mejorar la coordinación entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el SNAI, no se determinaron responsabilidades políticas.
El vicepresidente de esa comisión, Andrés Castillo, aseguró que el informe busca fortalecer los protocolos de seguridad, pero el caso quedó cerrado sin consecuencias para las autoridades vinculadas al oficialismo.
Fiscalización futura: el paro nacional en la mira
Ahora, la Comisión de Seguridad planea iniciar una nueva fiscalización sobre los actos violentos ocurridos durante el último paro nacional. Este proceso podría incluir a varias autoridades del Ejecutivo, lo que abre otro frente de disputa entre el oficialismo y el correísmo dentro de la Asamblea Nacional.
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