En distintos sectores de Quito, decenas de familias han recibido en 2025 una desagradable sorpresa al momento de pagar su impuesto predial. Según denuncian, el valor se ha incrementado hasta multiplicarse por diez respecto a años anteriores. Este aumento se debe a la inclusión de costos de obras de adoquinado y asfaltado ejecutadas en sus barrios.
Moradores aseguran que las intervenciones fueron presentadas como proyectos financiados con presupuestos participativos, sin costo para los beneficiarios. Sin embargo, hoy se reflejan en el predial como “contribuciones especiales por mejoras” con montos considerados excesivos. Según los vecinos, estos montos son imposibles de pagar para muchos hogares.
Casos críticos en La Pulida Alta y otros barrios
En La Pulida Alta, al norte de la ciudad, Grace Palma relata que el cobro de su predial pasó de 200 a 800 dólares anuales durante diez años. Esto ocurrió pese a que las obras se realizaron con materiales reciclados. Su vecino, Jhonny Puga, afirma que ahora paga 600 dólares al año cuando antes cancelaba solo 60. Él también cuestiona la transparencia de los valores asignados.
Casos como el de Mariana Villiza son aún más graves. Su contribución se elevó de 280 a 1.200 dólares anuales, lo que representa un pago total de 12.000 dólares en una década. Incluso adultos mayores como Alberto Parra enfrentan incrementos considerables. Su costo pasó de 85 a 240 dólares por asfaltados que carecen de señalización y cuya calidad es cuestionada.
Extensión de las denuncias a otros sectores de Quito
El problema no se limita a La Pulida. En El Placer, en el Centro Histórico, vecinos aseguran que una calle adoquinada hace un año fue intervenida nuevamente. Esto ocurrió pese a que ya habían pagado por ella en el predial. En Caupicho, obras ejecutadas con presupuesto participativo también se están cobrando como contribución especial. Caso como el de María José Caiza, cuyo predial pasó de 95 a 470 dólares anuales, también son frecuentes.
Moradores de sectores como Calderón, La Ecuatoriana y Martha Bucaram también han reportado incrementos similares. Esto motivó al concejal Fidel Chamba a iniciar una fiscalización a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).
Fiscalización y respuesta oficial
El concejal Chamba sostiene que las obras ejecutadas con presupuesto participativo no deberían generar cobros adicionales. Si existen variaciones en los costos, la Epmmop debe justificar los valores. Además, ha identificado casos como el de Habas Corral. Allí, una avenida construida con este tipo de financiamiento también fue facturada como contribución especial.
La Dirección Financiera de la Epmmop argumenta que el cálculo de la contribución especial de mejoras depende de la zona de influencia. Se distribuye entre predios frentistas y beneficiarios según el avalúo y el frente de cada inmueble. La entidad aclara que, si un predio no fue beneficiario o existen errores en los datos, se puede solicitar una reliquidación.
Indignación vecinal y acciones en marcha
En los barrios afectados crece el malestar. Los moradores reconocen la necesidad de obras de infraestructura, pero rechazan el pago de montos que consideran sobrevalorados y ajenos a la promesa inicial de gratuidad. Afirman que continuarán organizándose para exigir la eliminación o reducción de estos cobros. En muchos casos, los montos superan los 1.000 dólares anuales, lo cual es una cifra inasumible para familias de ingresos medios y bajos.
Fuente: Expreso
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