Nueve detenidos por extorsión fueron aprehendidos en operativos ejecutados en Quito, Ibarra y Quevedo. Las intervenciones policiales permitieron desarticular estructuras delictivas dedicadas a la intimidación sistemática. Entre los implicados figuran un policía en servicio activo y un despachador de gasolinera.
Las acciones se desarrollaron en varias provincias, en el marco de investigaciones por amenazas y cobros ilícitos. Según las autoridades, estas organizaciones financiaban sus actividades mediante esquemas de coerción y amedrentamiento.
Operativos en Imbabura y Los Ríos
Las primeras cuatro capturas se realizaron en Imbabura y Los Ríos. Esta última provincia registra elevados índices de violencia por disputas entre bandas criminales. En consecuencia, la presión delictiva ha favorecido la proliferación de extorsiones.
De acuerdo con la investigación, los sospechosos se identificaban como integrantes de Los Lobos. Además, exigían altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra familiares de sus víctimas. Esta modalidad configura un patrón de intimidación reiterado.
El operativo denominado Libertad 223 permitió ubicar a los implicados tras varios allanamientos en Ibarra y Quevedo. Entre los detenidos se encuentra un miembro activo de la Policía Nacional. Según el informe preliminar, el uniformado habría participado en las amenazas para reforzar la credibilidad de la organización.
Capturas en Pichincha y El Oro
De manera paralela, nueve detenidos por extorsión también fueron resultado de intervenciones en Pichincha y El Oro. En uno de los casos, fue arrestado un despachador de gasolinera que intimidaba a ciudadanos mediante mensajes.
El sospechoso enviaba fotografías de los domicilios de las víctimas para generar temor. Posteriormente exigía pagos para evitar ataques. Fue capturado en flagrancia mientras portaba su uniforme laboral.
Asimismo, una mujer fue detenida en Quito por exigir USD 5.000. Las investigaciones señalan que operaba desde Huaquillas. En otro procedimiento, la Fiscalía procesó a dos mujeres acusadas de solicitar USD 10.000 en Portoviejo.
Procesos judiciales y sanciones
En el último caso, la Policía ejecutó un operativo controlado con entrega vigilada de dinero. Esta técnica permitió la captura inmediata de las sospechosas. Tras su detención, se mostraron sonrientes ante cámaras oficiales.
Sin embargo, la normativa penal vigente establece penas de tres a cinco años por extorsión. Por lo tanto, nueve detenidos por extorsión enfrentan ahora procesos judiciales que definirán su situación jurídica.
Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos para contener este delito. Además, instaron a la ciudadanía a denunciar amenazas para fortalecer la respuesta institucional.
Fuente:
Más noticias:
