El debate sobre una nueva Constitución en el Ecuador se intensifica tras el manifiesto firmado por 23 juristas que respaldan el Sí en la consulta popular. Sin embargo, el documento revela una paradoja: fija correctamente los términos del debate constituyente, pero los da por sentados sin cuestionar su viabilidad real.
Los firmantes afirman que «una nueva Constitución en el Ecuador no puede ni debe ser redactada al gusto de los políticos ni de los gobiernos de turno». Además, señalan que debe surgir de un pacto social construido con responsabilidad, pluralidad y consenso nacional. No obstante, estas verdades evidentes plantean la pregunta crucial: ¿cómo lograrlo?
La Realidad del País Frente al Proceso Constituyente
El Ecuador enfrenta déficits profundos de ciudadanía y carece de un sistema sólido de partidos políticos. Por tanto, las organizaciones políticas atraviesan su punto más bajo de decadencia moral e intelectual. Asimismo, la polarización entre dos tendencias populistas con vocación autoritaria controla el parlamento mediante un método de repartición de escaños que excluye minorías.
El país experimentó conflictos sociales intensos hasta hace poco, mientras la población se debate entre rechazar y exigir militarización. En consecuencia, la angustia por la violencia y el crimen ha generado disposición para sacrificar libertades a cambio de seguridad.
¿Existe Posibilidad de Construir un Consenso Nacional Real?
¿Cómo puede este país construir «con responsabilidad, desde la pluralidad y con la ciudadanía en el centro» ese nuevo pacto social en seis u ocho meses? La respuesta parece clara: mirando la realidad objetivamente, tal cosa resulta imposible.
Hasta la fecha no existe ninguna acción gubernamental encaminada a lograr ese objetivo. Nada permite imaginar que el Ecuador avanza hacia la construcción de un pacto social basado en mínimos compartidos. Por ende, tampoco hay evidencia de que el gobierno asuma sinceramente que la nueva Constitución en el Ecuador no debe redactarse al gusto de políticos y gobiernos de turno.
Los Intereses Políticos Detrás de la Asamblea Constituyente
Los juristas firmantes se pronuncian por el Sí cuando su razonamiento debería conducirlos a mayor cautela. ¿Realmente creen que existe posibilidad de que los asambleístas constituyentes sacrifiquen sus intereses mezquinos? La respuesta es negativa, salvo que juristas brillantes, constitucionalistas honestos y conscientes de su papel público se postulen como constituyentes.
Sin embargo, postularse requiere inscribirse en partidos, aceptar condiciones y tragarse concesiones que pondrían en duda su integridad. Entonces, si una nueva Constitución en el Ecuador no debería ser redactada al gusto de políticos y del gobierno, los firmantes deberían oponerse al proceso actual y proponer una lista alternativa de juristas independientes.
Correísmo y Noboísmo: Los Arquitectos Inevitables
Parece inevitable que la nueva Constitución la escriban correístas y noboístas conjuntamente. De un lado, representantes de un proyecto autoritario y cleptocrático que ya fue gobierno. De otro, representantes de una empresa electoral confundida con grupo empresarial, actualmente en el poder, que replica prácticas como persecución periodística y manipulación judicial.
La profesora Karen Sichel califica el proceso constituyente convocado por Daniel Noboa como «una irresponsabilidad». Los riesgos superan claramente los beneficios, especialmente considerando alternativas más simples disponibles.
Reformas Parciales: La Alternativa Ignorada
Los beneficios buscados podrían obtenerse mediante reformas parciales a la Constitución. La mayoría parlamentaria oficialista podría aprobar cambios urgentes: eliminación del CPCCS, regreso a la estructura tradicional de tres poderes, reforma de la justicia y del régimen electoral, nuevo sistema de partidos, eliminación de cargas ideológicas económicas.
No obstante, el presidente se encaprichó con un proceso constituyente porque su proyecto político requiere refundar la República. La motivación inicial fue el control constitucional ejercido sobre sus leyes de Integridad, Solidaridad e Inteligencia.
El Proyecto de Seguridad y Sus Manipulaciones
Crear un Estado de seguridad donde fuerzas del orden e inteligencia gocen de impunidad constituye el verdadero proyecto presidencial. Este goza de enorme respaldo ciudadano en contexto de lucha contra el crimen organizado. Daniel Noboa pretende elevar el populismo penal a rango constitucional.
Cuando el presidente argumenta contra la inclusión de personas privadas de libertad en grupos de atención prioritaria, manipula mediante ejemplos falsos. La prioridad médica se establece por gravedad, no por rango constitucional. Además, los privados de libertad, bajo custodia estatal, deben constituir grupo prioritario según estándares internacionales de derechos humanos.
Crisis Institucional y Manipulación Judicial
El manifiesto sostiene que «en un contexto de crisis, inseguridad y fragmentación institucional, lo que está en juego es la capacidad del Estado para responder con eficacia y legitimidad». Si esto es cierto, el primer requisito es contar con justicia independiente e íntegra.
Sin embargo, el gobierno manipuló procedimientos para colocar a un exabogado de narcos en la presidencia del Consejo de la Judicatura. También nombró a un juez señalado por error inexcusable y con pedido de destitución pendiente. Finalmente, estos funcionarios facilitarán la declaratoria de emergencia del sistema judicial que permitirá nombrar y destituir jueces discrecionalmente.
Quizás, sólo quizás, este gobierno no es el más indicado para llevar adelante un proceso constituyente que ponga genuinamente a los ciudadanos en el centro.
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