El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó un decreto que marca el fin del Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela. Este acuerdo, durante 15 años, reguló un procedimiento simplificado para que ciudadanos venezolanos pudieran obtener visas y residencias en el país andino.
Esta decisión se inscribe dentro de la política de seguridad y control migratorio impulsada por el Gobierno. Responde a la situación económica y financiera que enfrenta Ecuador en materia de atención a la movilidad humana.
¿Qué significaba el Estatuto Migratorio?
El Estatuto Migratorio, suscrito en 2010 durante el gobierno de Rafael Correa, representaba un marco de cooperación bilateral. Facilitaba los trámites migratorios entre ambas naciones. Gracias a este acuerdo, miles de venezolanos encontraron un camino más ágil para regularizar su situación en Ecuador. Esto les permitió acceder a servicios básicos, empleo y estabilidad legal.
La decisión política en la Asamblea Nacional
En agosto de 2025, la Asamblea Nacional ya había aprobado la denuncia del Estatuto con 86 votos a favor. Estos provenían del oficialismo, el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik. La Revolución Ciudadana (RC), movimiento que impulsó este acuerdo en su momento, se abstuvo durante la votación.
El legislador Ricardo Patiño, canciller en 2010 y firmante original del estatuto, sostuvo que lo ideal era mantener estos mecanismos. Estos eran en beneficio de los ciudadanos de ambos países. Aunque no se opusieron frontalmente, su postura fue abstenerse para señalar que la medida no era lo más conveniente para las comunidades migrantes.
Motivos del Gobierno para poner fin al Estatuto
El Ejecutivo argumentó que la decisión se basó en la falta de financiamiento internacional para sostener los programas que apoyan la atención migratoria. Según el decreto, la reducción y suspensión de recursos provenientes de organismos internacionales limitaban la capacidad del Estado. Esto afectaba el mantenimiento de un modelo flexible de ingreso y regularización.
Además, el Gobierno subrayó la necesidad de reforzar los mecanismos de control en frontera y garantizar la seguridad interna. Esta preocupación se ha acentuado en el marco de la crisis regional de movilidad humana.
Ecuador: uno de los principales receptores de venezolanos
Ecuador es actualmente el quinto país del mundo con más ciudadanos venezolanos en su territorio. Hay alrededor de 444.800 personas, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V, 2024). Solo lo superan Colombia, Perú, Brasil y Chile.
El Estatuto Migratorio había servido como puente para la regularización de parte de esta población. Sin embargo, con su derogación se endurecerán los requisitos de permanencia legal.
Nuevas exigencias para el ingreso a Ecuador
Desde el 1 de septiembre de 2025, Ecuador exige la Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a los ciudadanos de unos 40 países, incluyendo Venezuela. Esta medida se suma al paquete de disposiciones que buscan “fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio”, según informó la Cancillería.
No obstante, el Gobierno ha reiterado que el país mantendrá su compromiso con los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. Respetará el marco legal vigente en la materia.
Reacciones y perspectivas
El fin del Estatuto Migratorio abre un nuevo escenario para la población venezolana en Ecuador. Mientras algunos sectores aplauden la medida como una acción necesaria para ordenar la migración y garantizar la seguridad, otros advierten que podría dejar a miles de personas en situación de irregularidad, aumentando su vulnerabilidad.
El reto inmediato será definir qué mecanismos de compensación o alternativas se aplicarán. Esto atenderá a una de las comunidades extranjeras más grandes en el país, en un contexto de crisis económica y social.
Fuente: Ecuavisa
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