El 22 de julio de 2024, el presidente Daniel Noboa dio por concluido el último conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo en relación con la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). Noboa envió la normativa al Registro Oficial para su publicación y entrada en vigencia, superando así el segundo veto que había aplicado previamente.
Contexto del segundo veto
Detalles del Veto
El 19 de julio de 2024, la Asamblea Nacional informó que el Ejecutivo había impuesto un nuevo veto a la Ley Reformatoria. Este veto se produjo a pesar de que la Corte Constitucional ya había revisado y ajustado el texto original para cumplir con los criterios de constitucionalidad. La Asamblea argumentó que el veto no era procedente, ya que el texto de la ley ya había sido ajustado según los requerimientos constitucionales.
Respuesta del Ejecutivo
En respuesta, la Presidencia argumentó que la ley contenía nuevas inconstitucionalidades que afectaban la seguridad jurídica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. La Secretaría General de Comunicación del Ejecutivo explicó que el veto parcial se debió a la identificación de problemas adicionales en el nuevo texto de la ley.
Envío al registro oficial
Decisión de sancionar la ley
El secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, publicó el oficio en el que Noboa autorizaba el envío de la ley al Registro Oficial. Muñoz destacó que la Presidencia había decidido finalmente sancionar la ley en lugar de continuar con el veto. El oficio enviado al Registro Oficial subraya que, a pesar de las objeciones del Presidente, la normativa avanzará hacia su promulgación.
Motivos del segundo veto
El documento del Ejecutivo detalla que la nueva inconstitucionalidad identificada en el artículo 7 de la ley podría poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, al no poder resolver el conflicto legislativo, se optó por la sanción de la ley para cumplir con los procedimientos constitucionales.
Contenido y críticas a la ley de seguridad social
Primera Objeción del Presidente
En la primera instancia, el presidente Noboa había objetado principalmente los artículos relacionados con la conformación y elección de los miembros del Consejo Directivo del IESS. Las objeciones se centraron en la representación desbalanceada de los sectores de afiliados, empleadores y jubilados en el consejo.
Revisión de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional revisó y aprobó la mayoría de los reparos presentados por el presidente. Uno de los puntos clave fue la conformación del Consejo Directivo, en la que se criticaba la falta de paridad entre los tres sectores representados: afiliados, empleadores y jubilados. La Corte aprobó ajustes para garantizar una representación más equilibrada.
Problemas Persistentes
A pesar de los ajustes, el Ejecutivo identificó nuevas inconstitucionalidades en el texto final de la ley. Estas inconstitucionalidades se relacionaban con aspectos que podrían afectar la estabilidad financiera y jurídica del sistema de seguridad social.
Impacto y futuro de la ley
Implementación y efectos esperados
Con la ley enviada al Registro Oficial, se espera que entre en vigencia próximamente. La normativa abordará diversas reformas en la seguridad social y el BIESS, con el objetivo de mejorar la gestión y sostenibilidad del sistema.
Reacciones y perspectivas
La decisión de avanzar con la ley a pesar de las objeciones del Ejecutivo podría generar debates continuos sobre su impacto en el sistema de seguridad social. La implementación de las reformas será clave para determinar su efectividad y la respuesta de los distintos sectores afectados.
El conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la Ley de Seguridad Social y la Ley del BIESS ha llegado a su fin con la decisión de enviar la normativa al Registro Oficial. A pesar de los desafíos y las objeciones planteadas, la ley será promulgada y se implementarán las reformas necesarias para el sistema de seguridad social en Ecuador. La atención se centrará ahora en la ejecución de estas reformas y en cómo afectarán a los afiliados, empleadores y jubilados en el país.
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