Nicole Contreras, conocida por sus apariciones en Enchufe TV, enfrenta una investigación por su presunta participación en una red que movió millones mediante cursos de trading.
La Fiscalía investiga presunto esquema ilegal que involucra a actriz ecuatoriana
Nicole Contreras, actriz y creadora de contenido, se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades la vinculan con una presunta red de lavado de activos que habría operado entre 2015 y 2022, captando más de 24 millones de dólares mediante una supuesta escuela de negocios.
Contreras, recordada por sus actuaciones en Enchufe TV y No-Noticias, participó como instructora de marketing digital en ADN Escuela de Negocios, una academia que ofrecía formaciones en trading, apuestas deportivas y redes sociales.
Una fachada con apariencia de éxito
Según la Fiscalía, esta institución habría funcionado como fachada para un esquema piramidal. Prometía rendimientos de hasta 5 % mensual sin respaldo financiero. Además, usaban figuras públicas como Contreras para dar legitimidad al negocio y atraer inversionistas.
Testimonios recogidos durante la investigación afirman que ella dictaba clases, participaba en eventos promocionales y publicaba en redes sociales sobre sus logros en el mundo del trading. En sus perfiles digitales, se presentaba como experta en Forex con más de 40.000 estudiantes formados.
Lujos, redes y expansión internacional
La estructura señalada por la Fiscalía habría creado al menos nueve empresas en Ecuador y en el extranjero. También se reportan compras de autos de lujo, como Maserati y Porsche, y planes inmobiliarios valorados en más de un millón de dólares.
Aunque Contreras no firmó contratos ni figuró como administradora legal, su imagen fue clave para la captación de nuevos clientes, según determinó la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Posibles consecuencias penales
La defensa de la actriz asegura que no existe responsabilidad directa y que ella ha colaborado desde el inicio del proceso. Contreras reside actualmente en España junto a sus hijos menores, y ha solicitado medidas alternativas a la prisión preventiva.
De ser encontrada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 13 años de cárcel, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el lavado de activos con estructura organizada y montos superiores a $85.000.
La causa se mantiene en fase de instrucción fiscal, mientras las autoridades analizan el grado de responsabilidad de cada implicado. El caso ha generado amplio interés mediático, especialmente por el pasado público de algunos de los investigados.
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