- El proyecto de ley reforma la Ley Orgánica de Transporte Terrestre para validar licencias del exterior.
- Beneficiará a miles de ecuatorianos retornados que enfrentan trabas burocráticas para trabajar en transporte.
- La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aplicará homologación documental sin obligar a repetir cursos enteros.
- No se retendrán los documentos originales emitidos en otros países durante la tramitación oficial.
El asambleísta Johny Lavayen, representante de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), formalizó la entrega de un proyecto de reforma legal ante la Asamblea Nacional para reestructurar los mecanismos de homologación y canje de licencias de conducir obtenidas en el extranjero. La iniciativa legislativa busca modificar de manera puntual la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para que los compatriotas que retornan al país cuenten con un camino expedito que certifique su experiencia al volante sin caer en duplicidades administrativas innecesarias que frenan su inserción en la economía formal.
Agilización del trámite y reconocimiento de experiencia laboral
De acuerdo con el documento presentado en el Parlamento, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) deberá establecer protocolos técnicos basados en la verificación consular, el apostille internacional y las tablas de equivalencia entre categorías vehiculares. Actualmente, cientos de conductores profesionales y particulares que residieron durante años en naciones de Europa o Norteamérica se ven forzados a iniciar cursos formativos básicos desde cero, lo que retrasa su inserción laboral en actividades esenciales como el transporte de carga, la logística pesada y los servicios comerciales.
La propuesta legal plantea de forma explícita que los migrantes no deban repetir la totalidad de los módulos teóricos y prácticos exigidos a quienes solicitan una licencia por primera vez, a menos que existan objeciones médicas, psicológicas o técnicas debidamente justificadas por los peritos viales. Esta reforma dialoga directamente con las políticas públicas de integración social y laboral que impulsa el Estado, en sintonía con planes como la iniciativa Territorios de Bienestar en cantones prioritarios, orientados a brindar sostenibilidad económica a las familias retornadas en diversas provincias.
Protección documental y garantías jurídicas
Otro de los aspectos medulares del proyecto normativo es la prohibición expresa de retener los documentos físicos originales emitidos por autoridades extranjeras durante el curso del trámite administrativo. Lavayen precisó que la retención indebida ha generado múltiples perjuicios a ciudadanos que requieren desplazarse continuamente o que conservan compromisos laborales temporales fuera de las fronteras ecuatorianas. Los migrantes a menudo pierden oportunidades laborales en el exterior por no contar con sus permisos vigentes mientras esperan una resolución burocrática en las oficinas provinciales de tránsito.
El proyecto establece un plazo perentorio de 30 días hábiles para que las delegaciones provinciales de la ANT emitan una respuesta definitiva a las solicitudes de canje una vez ingresada la carpeta con la documentación apostillada. En caso de silencio administrativo o demoras injustificadas, se aplicarán sanciones disciplinarias a los funcionarios responsables de custodiar los expedientes ciudadanos.
Procedimiento legislativo y fiscalización
El texto pasará a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su calificación y posterior asignación a la comisión especializada pertinente, donde se recopilarán las observaciones de los gremios del transporte y representantes de la comunidad migrante, bajo supervisión de los organismos de control del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Organizaciones de migrantes en España, Estados Unidos e Italia han manifestado su respaldo al proyecto, señalando que facilitará la reactivación productiva de miles de familias que regresan a Ecuador con vehículos y capitales para invertir en emprendimientos de transporte liviano y turismo.
