- La Corte Constitucional anuló el contrato colectivo de CNT EP por irregularidades procesales y falta de competencia territorial.
- El dictamen ordena que servidores de carrera devuelvan en 36 meses los valores indebidamente percibidos por beneficios laborales.
- Se remitieron expedientes a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura para investigar presunto prevaricato y falta gravísima.
- El artículo 26 de la LOEP reserva la contratación colectiva de forma exclusiva a los obreros y excluye a empleados administrativos.
En una sentencia de 42 páginas notificada este 5 de octubre de 2026, la Corte Constitucional declaró la nulidad absoluta de los fallos judiciales que extendieron los beneficios de la contratación colectiva a funcionarios de carrera de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP). El máximo órgano de control constitucional determinó la existencia de inexistencia del derecho, error inexcusable y presunto prevaricato en las resoluciones emitidas por operadores de justicia que favorecieron indebidamente a más de 3.000 empleados de la empresa pública.
Fallo vinculante y orden de reintegro en plazo improrrogable de 36 meses
La resolución constitucional dispone que los trabajadores beneficiados con el cuestionado acuerdo reintegren íntegramente los montos percibidos a las cuentas de CNT EP dentro de un plazo perentorio de 36 meses. Los pagos desembolsados incluían incrementos salariales retroactivos, compensaciones por horas extraordinarias, indemnizaciones especiales y jubilaciones patronales que no contaban con partida presupuestaria aprobada y lesionaron gravemente la sostenibilidad financiera de la institución estatal.
El litigio se originó el 21 de febrero de 2022, cuando la dirigencia sindical de la corporación solicitó homologar a los servidores sujetos a la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) bajo las reglas del Código del Trabajo, pretendiendo acceder a beneficios reconocidos desde 2009. Sin embargo, la Corte Constitucional enfatizó que el artículo 26 de la LOEP excluye expresamente a los servidores de carrera de las negociaciones colectivas, prerrogativa reservada exclusivamente para los obreros.
Este pronunciamiento ratifica el principio de legalidad en el gasto público del sector estatal, en consonancia con decisiones donde se salvaguarda el presupuesto institucional como cuando la Universidad Amawtay Wasi recibirá USD 2 millones para retomar sus clases bajo estricta fiscalización de las autoridades de control.
Acciones penales por prevaricato y fiscalización de la Contraloría
Los magistrados constitucionales determinaron que los jueces provinciales de Manabí distorsionaron la naturaleza de las garantías jurisdiccionales al tramitar una acción de protección careciendo de competencia territorial. Por haber incurrido en falta gravísima calificada como error inexcusable, el expediente fue remitido a la Fiscalía General del Estado para investigar el delito de prevaricato, así como al Consejo de la Judicatura para sustanciar sanciones disciplinarias contra los abogados litigantes.
Asimismo, la Corte ordenó a la Contraloría General del Estado realizar un examen especial de auditoría a las finanzas de CNT EP a fin de individualizar responsabilidades civiles, administrativas o penales entre las autoridades que autorizaron los pagos indebidos. La medida busca sentar un precedente firme frente al abuso del derecho en litigios constitucionales que comprometen fondos del erario nacional.
La sentencia constituye una de las resoluciones más trascendentales en materia de defensa del erario estatal, cerrando el paso a maniobras jurídicas que buscaban equiparar artificialmente a servidores públicos con trabajadores amparados por el Código Laboral para exigir onerosos privilegios salariales en empresas estatales.
El dictamen constitucional también fija una advertencia explícita a los administradores fiduciarios de empresas del Estado sobre su obligación ineludible de acatar los mandatos de la LOEP. Las autoridades de CNT EP deberán implementar de forma inmediata los cronogramas de descuento y restitución financiera para asegurar que la totalidad de los recursos desembolsados de manera improcedente retornen a las cuentas públicas antes del vencimiento del plazo fijado.
