- El Tribunal de Garantías Penales fijó la reinstalación del juicio para el 12 de octubre de 2026 en Guayaquil.
- La diligencia contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz se suspendió previamente por quebrantos en su salud.
- El proceso investiga el hallazgo de un arma de fuego y municiones no justificadas en su domicilio en 2020.
- La defensa técnica y los peritos médicos deberán presentar informes actualizados ante los magistrados.
El Tribunal de Garantías Penales de la provincia del Guayas confirmó formalmente la reinstalación de la audiencia de juicio penal contra el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz para el próximo 12 de octubre de 2026. La diligencia judicial corresponde a la causa sustanciada por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego y municiones, proceso penal que se originó a mediados de junio de 2020 durante los operativos de allanamiento efectuados en su residencia privada de la ciudadela Kennedy Norte, en el norte de Guayaquil, en el marco de múltiples indagaciones fiscales por supuesta delincuencia organizada y contratos hospitalarios.
La audiencia de juzgamiento había quedado suspendida de manera indefinida en sesiones previas debido a reiteradas complicaciones de salud reportadas por el equipo de defensa técnica del exmandatario de 74 años. Según certificaron peritos médicos forenses acreditados por el sistema judicial ecuatoriano, Bucaram presentaba afecciones cardíacas severas, crisis de hipertensión arterial y arritmias que le impedían comparecer tanto de forma presencial como a través de medios telemáticos. Para esta nueva convocatoria, los magistrados remitieron oficios de coordinación al personal del sistema hospitalario público a fin de garantizar valoraciones clínicas inmediatas si se presentaran nuevos incidentes médicos.
Procedimiento penal, pruebas materiales y antecedentes procesales
El juzgamiento por tráfico no autorizado de armas se tramita de rigurosa conformidad con las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Durante las intervenciones ejecutadas por agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional y delegados de la Fiscalía General del Estado en el año 2020, los peritos incautaron en la habitación principal del procesado una pistola calibre 9 milímetros y cajas de proyectiles sin los permisos reglamentarios de tenencia ni registro de importación legal en los archivos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La acusación pública sostiene que el almacenamiento de armas de fuego sin autorización en un domicilio particular, bajo circunstancias de emergencia nacional y en concurrencia con otras investigaciones penales, vulnera gravemente la seguridad colectiva del Estado. Por su parte, la defensa técnica del procesado insiste en que el artefacto incautado correspondía a un obsequio protocolar recibido durante su periodo presidencial en la década de 1990 y que carecía de capacidad ofensiva inmediata, solicitando la prescripción de la acción penal o el sobreseimiento definitivo de la causa.
Garantías de seguridad y desarrollo de la audiencia en Albán Borja
La reinstalación del juicio se llevará a cabo en las salas de audiencias del Complejo Judicial Albán Borja, bajo estrictas medidas de seguridad penitenciaria y resguardo de la Policía Nacional, según confirmaron voceros autorizados de la Función Judicial del Guayas. El tribunal advirtió a los sujetos procesales que no admitirá nuevas solicitudes de diferimiento injustificadas y que, de ser necesario, se dispondrá la presencia de defensores públicos para garantizar la continuidad ininterrumpida de la administración de justicia.
El resultado de este juicio sentará un precedente relevante respecto a la responsabilidad procesal de exmandatarios en causas ordinarias, cerrando una prolongada etapa de litigios que mantuvo en suspenso la resolución jurídica de uno de los casos más mediáticos de los últimos años en el sistema judicial de la Costa ecuatoriana.
