La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) ha lanzado un fuerte llamado al Gobierno nacional para que cancele una deuda millonaria de 643,2 millones de dólares, acumulada durante los últimos tres meses. La preocupación es creciente: la ejecución de obras prioritarias y la provisión de servicios básicos están seriamente amenazadas. Este reporte fue realizado por María Fernanda Utreras.
El reclamo de la AME
Durante una reunión celebrada el lunes 8 de septiembre de 2025 en Quito, los alcaldes y alcaldesas presentes —representantes de la AME— expresaron su angustia por la falta de respuestas desde el Ministerio de Finanzas, liderado por Sahira Moya, y también por el estancamiento de canales de diálogo con el Ministerio de Gobierno
El presidente de la AME, Patricio Maldonado, fue enfático al señalar que:
“Los municipios no aguantamos más. Estamos reducidos a deber tres, cuatro hasta cinco meses a nuestros colaboradores. Estamos reducidos a lidiar con no haber pagado décimos (sueldos), a no cumplir planes y no poder garantizar los servicios básicos.”
Consecuencias sobre la gestión local
La deuda ha derivado en impactos severos sobre la administración local:
- Retrasos en pagos de salarios y personal administrativo, incluyendo el pago de décimos.
- Obstáculos para el mantenimiento y operación de maquinaria, por falta de recursos para combustible.
- Suspensión o paralización de obras y proyectos comunitarios, lo que compromete gravemente la calidad de vida y el bienestar ciudadano
Acción legal y respaldo constitucional
Ante esta crítica situación, la AME anunció que presentará una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, fundamentándose en el artículo 200 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), el cual establece que las transferencias a los gobiernos autónomos deben ser realizadas de manera “directa, automática, oportuna y eficaz”
Además, propusieron una compensación mediante cruce de cuentas que el Ministerio de Economía y Finanzas debería ejecutar en un plazo no mayor a 30 días.
Repercusiones sociales y políticas
La deuda no solo afecta la operatividad administrativa, sino que también pone en riesgo servicios esenciales: suministro de agua, recolección de residuos, mantenimiento vial y continuidad de programas sociales. Los alcaldes han advertido que esta crisis no solo viola la autonomía municipal, sino que también genera un “quebrantamiento constitucional” que disminuye la calidad de vida de los ciudadanos.
En ese contexto, Patricio Maldonado sugirió que, así como se convocan movilizaciones desde el Ejecutivo, los municipios también tienen derecho a manifestarse sin ser criminalizados.
Fuente:Teleamazonas
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