Hace un mes, el Municipio de Quito comenzó a insistir en que el Gobierno Nacional cumpla con el pago de $359 millones a través del Ministerio de Economía y Finanzas.
El 10 de julio de 2023, durante el informe semanal del alcalde Pabel Muñoz, la secretaría de Seguridad Carolina Andrade presentó una demanda de pago al Ministerio de Economía por un total de $359 millones.
El propósito detrás de esta solicitud es destinar los fondos para hacer frente al inminente fenómeno de El Niño y sus consecuencias.
La insistencia en el pago de esta deuda continuó el 2 de agosto en una reunión que congregó al Alcalde, los concejales, la Asamblea Ciudadana de Quito, gremios productivos y universidades.
Durante este encuentro, se firmó un documento detallando las exigencias dirigidas al Gobierno Nacional, resaltando la cancelación de la deuda pendiente como uno de los puntos clave del acuerdo.
Esta situación de deuda acumulada se ha originado por demoras en las transferencias mensuales que debieron realizarse a tiempo por parte del Ministerio de Economía en administraciones anteriores.
Aunque el problema se ha arrastrado durante varios años, la pandemia exacerbó la situación, particularmente entre los años 2021 y 2022.
A pesar de los acuerdos de pago de deudas atrasadas firmados por los Ministros de Economía de la administración del presidente Guillermo Lasso con otros municipios, en el caso del Municipio de Quito, estos convenios no han sido cumplidos, profundizando la problemática.
Las asignaciones pendientes se desglosan en varias categorías: primero, un compromiso gubernamental para el Metro de Quito, con una deuda de $150 millones.
Segundo, valores pendientes por Modelo de Equidad Territorial de años anteriores, que suman $111.85 millones. Tercero, devoluciones pendientes del IVA de años anteriores por un total de $14.49 millones.
Por último, valores pendientes correspondientes al primer trimestre de 2023, que ascienden a $82 millones.
El Municipio de Quito también plantea otras demandas a la administración de Guillermo Lasso, incluyendo el incremento de la fuerza policial, la presentación de una Estrategia Nacional de Seguridad y asignación de recursos, y políticas de control migratorio más rigurosas. Además, se exige justicia y combate a la impunidad, incluyendo investigaciones y sanciones para jueces que hayan dictado fallos adversos a la ciudadanía.
A pesar de las solicitudes y persistente insistencia, hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Economía no ha proporcionado una respuesta sobre la deuda. El presupuesto municipal refleja recursos propios de $340.65 millones y asignaciones del Gobierno Central por $354.33 millones, para un total de $695.22 millones en la proforma del año 2023.
Revelando los Argumentos del Municipio de Quito
El Municipio de Quito articula una serie de argumentos contundentes en apoyo de su reclamo por el pago de $359 millones. Éstas incluyen:
- Inversiones en infraestructura: el municipio afirma que el pago es vital para financiar proyectos de infraestructura cruciales que benefician directamente a los ciudadanos de Quito. Estos proyectos abarcan el desarrollo de transporte público, redes viales e instalaciones comunitarias, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población local.
- Estímulo económico: la administración de Quito sostiene que la inyección de $359 millones en la economía local serviría como un estímulo económico sustancial. Los fondos, argumentan, generarían oportunidades de empleo, estimularían el crecimiento empresarial y vigorizarían varios sectores, lo que en última instancia fomentaría una economía municipal más sólida y resiliente.
- Alineación Presupuestaria: Insiders dentro del municipio argumentan que el pago es esencial para restaurar la alineación presupuestaria. El déficit financiero resultante de la supuesta falta de pago del gobierno ha impedido la ejecución efectiva de los servicios municipales esenciales, que van desde la educación y la salud hasta la seguridad pública.
La posición del gobierno ante la insistencia del Municipio de Quito
Ante los reclamos de la Municipalidad de Quito, el gobierno mantiene su propia postura al respecto. Los funcionarios afirman que la demanda de pago está siendo evaluada en el marco de los acuerdos legales y compromisos financieros existentes. El gobierno enfatiza la necesidad de un enfoque equilibrado que considere el contexto fiscal nacional más amplio mientras aborda las preocupaciones de la municipalidad.
Implicaciones para la gobernanza y las finanzas en el Municipio de Quito
La disputa de pago en curso tiene profundas implicaciones tanto para el gobierno local como para las finanzas nacionales. Si el Municipio de Quito logra asegurar el pago de $359 millones, podría allanar el camino para mejorar la infraestructura, mejorar los servicios públicos y aumentar la vitalidad económica dentro de la ciudad. Por el contrario, una disputa prolongada o la denegación del pago podría tensar la relación entre las autoridades locales y nacionales, lo que podría generar desafíos administrativos y descontento público.
Una visión para el futuro
Al trazar un camino a seguir, el diálogo colaborativo entre la Municipalidad de Quito y el gobierno surge como una solución prometedora. Un esfuerzo cooperativo para abordar la disputa de pago podría generar resultados mutuamente beneficiosos, fomentando una relación armoniosa que priorice el bienestar de los residentes de Quito.
En conclusión, la disputa de pago en curso entre el Municipio de Quito y el gobierno presenta un problema complejo y multifacético. Mientras ambas partes continúan abogando por sus respectivas posiciones, la resolución final de este asunto tiene el potencial de remodelar el panorama de la gobernabilidad local y contribuir al bienestar económico de los residentes de Quito. La intrincada interacción de factores financieros, legales y políticos subraya la importancia de un enfoque reflexivo y colaborativo para encontrar una solución duradera.
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