La crisis de seguridad que enfrenta Ecuador ha escalado a niveles alarmantes, especialmente en lo referente a las muertes violentas de niños y adolescentes. Entre enero y junio de 2025, el país registró 294 homicidios de menores de edad, lo que representa un aumento del 50% respecto a los 196 casos del mismo período en 2024.
Guayas concentra la mitad de los asesinatos de menores
La provincia de Guayas se consolida como el principal epicentro de esta violencia. Allí ocurrieron 150 de los 294 asesinatos, lo que equivale al 51% del total nacional. Le siguen Los Ríos con 45 casos y Manabí con 32. Este patrón revela un corredor de violencia en la región Costa, incluyendo otras provincias como El Oro, Esmeraldas y Pichincha.
Además, el análisis revela que el 80% de las víctimas tenían entre 15 y 17 años, siendo los adolescentes el grupo más vulnerado.
Estrategias oficiales: entre medidas punitivas y prevención
En respuesta, el Gobierno ha aprobado leyes más severas. La Ley de Integridad Pública, vigente desde junio de 2025, aumentó la pena máxima para menores vinculados al crimen organizado de 8 a 15 años. A esto se suma la creación de un Comité Nacional contra el Reclutamiento de Menores, que deberá presentar un plan interinstitucional en 30 días.
Sin embargo, estas medidas han recibido críticas contundentes. Organizaciones como Unicef alertan sobre reformas regresivas al sistema penal juvenil. Activistas del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil denuncian falta de coherencia entre el discurso de prevención y las acciones punitivas.
Hacinamiento carcelario y falta de rehabilitación agravan la crisis
Según Valeska Chiriboga, del CDH, el encarcelamiento masivo no resuelve el problema. De hecho, agrava la crisis penitenciaria y expone a los adolescentes a un sistema donde son fácilmente cooptados por grupos delictivos.
También alerta sobre la ausencia de políticas sociales efectivas, como la reinserción educativa y la inversión en entornos seguros. El rebote de violencia en 2025, tras un leve descenso en 2024, confirma la ineficacia de medidas centradas solo en el castigo.
Una emergencia nacional sin soluciones claras
Las muertes violentas de niños y adolescentes en Ecuador representan una emergencia nacional. No solo por su impacto inmediato en las familias afectadas, sino por sus consecuencias a largo plazo. Urge una estrategia integral que combine prevención, justicia juvenil adecuada y políticas públicas sostenidas.
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