Gian Carlo Lofredo, ministro de Defensa, ha hecho un llamado a los jueces para que entreguen las armas, municiones y explosivos decomisados a los grupos delincuenciales a las Fuerzas Armadas. Según Lofredo, este armamento debería ser utilizado por los militares y la Policía para reforzar la seguridad pública.
Implementación de la consulta popular
Lofredo explicó que esta medida fue establecida tras la Consulta Popular y que ahora es necesario aplicarla. El ministro enfatizó que la ley establece que la entrega de estos recursos a las fuerzas del orden debería ocurrir en un plazo de 30 días. “Queremos reiterar la importancia de combatir a las mafias con las herramientas adecuadas”, afirmó. Subrayó que el armamento previamente utilizado por delincuentes puede ahora servir para defender a la población.
Acciones en Durán y otras localidades
Lofredo también hizo referencia a la reciente intervención en Durán. En esta operación se ha incrementado el personal policial y se han instalado medidas de inteligencia activa. Las fuerzas especiales han llegado para apoyar las labores de seguridad. Gracias a estas acciones, se han capturado a cabecillas de organizaciones criminales como Chone Killer y se descubrió una oficina paralela dedicada a trámites de tránsito ilegales.
Compromiso con la seguridad nacional
El ministro aseguró que el enfoque en la lucha contra la delincuencia es nacional, no limitado a Durán. Las acciones se extienden a todo el país para enfrentar la amenaza criminal de manera efectiva.
Solidaridad y avances en seguridad
Mónica Palencia, ministra del Interior, expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas del crimen. Destacó el trabajo continuo para lograr una mejora en la seguridad. Palencia se refirió a los enemigos del Estado ecuatoriano, denominándolos “la perra” que aún está pariendo, en un comentario metafórico sobre la persistencia de la criminalidad.
Reducción de muertes violentas
Palencia también informó que el Bloque de Seguridad ha llevado a cabo acciones en siete provincias. Gracias a estas medidas, se ha logrado una reducción del 19 % en las muertes violentas. Esta disminución refleja el impacto positivo de las intervenciones en la seguridad pública.
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