El servicio de agua sufrió una interrupción importante cuando el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. Esto fue tras un hecho que dejó a miles de familias ibarreñas sin acceso a agua potable. La institución indicó que el pasado 28 de septiembre un grupo de personas habría dañado de forma intencional una tubería de la red de distribución de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra.
Impacto directo en la ciudadanía
El sabotaje provocó la suspensión inmediata del suministro de agua potable en gran parte de la ciudad, lo que generó malestar entre la población.Por lo que, la falta del servicio básico afectó actividades cotidianas, centros educativos y comercios. Esto incrementó la preocupación por la seguridad de la infraestructura pública y la vulnerabilidad de los servicios esenciales.
Evidencias y reacción ciudadana
Las imágenes y videos que circularon en redes sociales mostraron el daño ocasionado a la tubería. Esto despertó indignación entre los ciudadanos. La población expresó su rechazo frente a este tipo de actos, subrayando que el agua es un derecho fundamental y que su afectación pone en riesgo la salud y el bienestar de miles de familias.
Posibles responsabilidades legales
El MAE informó que la denuncia busca que la Fiscalía investigue y determine a los responsables de este hecho bajo la figura de “paralización de servicio público”. Por lo que, este delito está tipificado en la legislación ecuatoriana y puede acarrear sanciones penales. Las autoridades recalcaron que este tipo de acciones no solo afectan a la ciudadanía. También constituyen un ataque directo a la seguridad y sostenibilidad de los servicios básicos.
El compromiso del Gobierno Nacional
El Gobierno, a través del MAE, manifestó su rechazo categórico al sabotaje. Además, reafirmó su compromiso de salvaguardar el acceso al agua potable en todo el país. También advirtió que se reforzarán los controles y medidas preventivas para proteger la infraestructura pública. Se garantizará que no se repitan hechos similares que vulneren derechos fundamentales.
Reflexión sobre la seguridad de los servicios básicos
Este caso ha abierto un debate más amplio sobre la necesidad de reforzar la seguridad en la gestión de servicios públicos esenciales. El agua, al ser un recurso vital, requiere de protección prioritaria. Expertos señalan que además de sancionar a los responsables. Se debe invertir en mecanismos de control, vigilancia comunitaria y mantenimiento continuo de las redes de distribución.
Fuente: El Telégrafo
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