Los mineros ecuatorianos han iniciado acciones legales contra la reciente tasa de fiscalización. Por tanto, cientos de trabajadores del sector marcharon hacia la Corte Constitucional de Quito. Además, presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra esta medida gubernamental. Los mineros de Ecuador demandan a la Corte Constitucional buscando justicia ante las regulaciones impuestas.
Protestas masivas rechazan tasa de fiscalización minera
La manifestación incluyó arengas como «no a la tasa minera». Asimismo, los protestantes corearon «la tasa minera es desempleo». En consecuencia, expresaron su rechazo total a la medida del gobierno de Noboa.
El Ejecutivo pretende recaudar $229 millones de dólares anuales. Sin embargo, los mineros consideran esta tasa ilegal y desproporcionada. Por otra parte, argumentan que la medida fortalecerá el control contra la minería ilegal.
Dirigentes gremiales alertan sobre desempleo masivo
«Esta tasa lo único que hace es fomentar el desempleo», expresó Guillermo Godoy. Igualmente, el presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña Minería advirtió sobre despidos masivos. También señaló que afectará a familias dedicadas directa e indirectamente al sector.
Posteriormente, Godoy pidió ayuda al presidente Noboa. No obstante, recordó que contribuyen legalmente al Estado ecuatoriano. Finalmente, enfatizó la importancia de proteger este sector productivo.
Impacto económico trasciende el sector minero
Oscar Loor, presidente de la Cámara Nacional de Minería, calificó la tasa como exagerada. En primer lugar, aseguró que no podrán pagarla. Por ende, advirtió sobre el impacto en toda la cadena comercial.
La medida afectará a transportadores y ferreterías. Además, impactará a todos los comercios vinculados al sector minero. En consecuencia, el efecto económico será mucho más amplio del previsto inicialmente.
Cuestionamientos sobre efectividad de la medida
Los dirigentes mineros dudan sobre la efectividad recaudatoria. Asimismo, consideran que no resolverá problemas de orden público. Por tanto, sostienen que el narcotráfico debe combatirse con Ejército y Policía.
Igualmente, argumentan que otros funcionarios no resolverán estos problemas. También señalan que la guerrilla requiere estrategias diferentes de combate. Finalmente, consideran que la tasa no cumplirá sus objetivos declarados.
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