La reforma judicial promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum ha provocado una profunda controversia. Aunque el objetivo era democratizar el Poder Judicial, la ejecución fue confusa, improvisada y marcada por múltiples irregularidades. Por eso, México le da la espalda a la elección de sus jueces, como lo demostró la bajísima participación ciudadana del pasado 1 de junio.
Legitimidad en entredicho
Con apenas un 12% de votantes, el proceso evidencia un claro rechazo. La magistrada Emilia Molina calificó la jornada como «desaseada» e «ilegal». Según ella, la elección representó una regresión histórica en materia de garantías democráticas. México le da la espalda a la elección de sus jueces no solo por desinterés, sino también por desconfianza.
Además, se detectaron prácticas preocupantes, como la distribución de papeletas con instrucciones (los llamados «acordeones») y la asistencia indebida al momento de votar. Estas acciones vulneran los principios básicos de legalidad y transparencia electoral.
Representación distorsionada
Por otro lado, se violaron criterios fundamentales de representación. Tribunales con competencia nacional fueron elegidos solo por una fracción del electorado, lo que pone en duda la equidad del sistema. Como consecuencia, México le da la espalda a la elección de sus jueces también por el mal diseño institucional.
Incluso se presentaron candidaturas cuestionables, incluyendo personas con vínculos con el crimen organizado o antecedentes penales. La figura de Silvia Delgado, ex abogada de «El Chapo», simboliza el deterioro ético del proceso.
Poder sin control
El mayor problema radica en que, a pesar del rechazo social, Morena consolida su influencia. Las listas fueron confeccionadas desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, lo que anticipa una mayoría afín. Por tanto, México le da la espalda a la elección de sus jueces, mientras el partido gobernante incrementa su poder sobre la Corte Suprema y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Una oportunidad desperdiciada
Expertos como Juan Jesús Garza Onofre consideran que esta reforma judicial no resolverá la crisis de impunidad. La justicia no comienza ni termina con los jueces, señala. Se necesita fortalecer la investigación, la capacitación y el acceso equitativo a la justicia.
En resumen, México le da la espalda a la elección de sus jueces porque no confía en una reforma percibida como impuesta, opaca y políticamente motivada. Más que una victoria democrática, lo ocurrido representa un retroceso institucional y ético de grandes proporciones.
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