El gobierno mexicano ha expresado su preocupación por la situación del exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, quien actualmente se encuentra en México en calidad de solicitante de refugio político. Según el análisis de las autoridades mexicanas, Verduga es víctima de una persecución política por parte del Estado ecuatoriano, motivada por sus opiniones críticas y su perfil ideológico progresista.
El 25 de enero de 2025, un día después de que la Fiscalía General del Estado de Ecuador realizara un allanamiento en las instalaciones del CPCCS, Augusto Verduga abandonó el país. Durante dicha diligencia, le fueron incautados dos teléfonos celulares y una laptop. Coincidentemente, mientras él cruzaba la frontera terrestre por el Puente de Rumichaca hacia Colombia, la Fiscalía realizaba una pericia de extracción de datos a sus dispositivos, y le notificaba formalmente sobre el proceso en su contra.
Solicitud de refugio en México y contexto judicial
El 25 de febrero de 2025, Verduga inició su trámite de solicitud de refugio en México. Lo hizo dieciocho días antes de que la Fiscalía ecuatoriana le formulara cargos por presunta asociación ilícita en el caso denominado “Ligados”. En este mismo proceso están implicados otros exconsejeros, como Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y la actual consejera Nicole Bonifaz. Todos ellos permanecen en Ecuador con medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Análisis oficial mexicano sobre la persecución política de Augusto Verduga
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados elaboró un informe de 24 páginas donde concluye que Augusto Verduga posee un perfil político que lo convierte en objetivo de actos persecutorios. Se argumenta que los señalamientos de la Fiscalía ecuatoriana están motivados por sus posturas ideológicas contrarias al gobierno de turno, lo que constituye, según el análisis, una persecución política de Augusto Verduga.
Verduga relató que, durante su gestión como consejero del CPCCS, lideró procesos contra la corrupción y promovió la transparencia en la selección de autoridades. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) lo destituyó por presunto proselitismo político debido a su vinculación con el movimiento Revolución Ciudadana. No obstante, Verduga considera que esa decisión formó parte de una estrategia orientada a impedir su participación en las elecciones presidenciales de 2025. Según él, Rafael Correa lo mencionó como uno de los posibles precandidatos, lo que provocó un intento deliberado de inhabilitación.
Casos similares de persecución política en Ecuador
El documento mexicano hace referencia a otros casos emblemáticos de supuesta persecución política en Ecuador, como los de Rafael Correa, Andrés Arauz y Luisa González. Según el informe, estas figuras también han sido perseguidas judicialmente por sus posiciones políticas, estableciendo un patrón que se repite en el caso de Augusto Verduga. La persecución política de Augusto Verduga se enmarca, según las autoridades mexicanas, en esta misma lógica represiva.
Declaraciones de Verduga y perfil ideológico
Augusto Verduga se describe como una persona de izquierda, con una ideología progresista, pero sin militancia partidista. Aunque el correísmo y la Liga Azul lo identificaron como precandidato, él insiste en que mantiene una postura política independiente. Verduga ha incluido el temor fundado de persecución política como uno de los argumentos principales en su solicitud de refugio.
En apoyo a su caso, Verduga ha mencionado las situaciones de Verónica Abad, inhabilitada por el Ministerio de Trabajo, y Jan Topic, a quien el TCE impidió postularse a la presidencia. Estos ejemplos, según el testimonio entregado a las autoridades mexicanas, refuerzan la narrativa de una persecución política sistemática contra figuras opositoras.
“Persecución” política de Augusto Verduga como patrón de represión
El caso de Verduga revela un patrón preocupante en la política ecuatoriana, donde la judicialización de opositores parece ser una herramienta para eliminar disidentes. México ha reconocido la persecución política de Augusto Verduga como un acto sistemático de represión. Esta conclusión se respalda en documentos oficiales y testimonios directos del propio Verduga. La resolución mexicana subraya que, de regresar a Ecuador, Verduga estaría en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos fundamentales.
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