La nueva emergencia judicial: ¿otra metida de manos?
“Sí voy a meter las manos, pero por el bien del pueblo”, dijo Rafael Correa el 8 de enero de 2011. Su frase sobre la metida de manos en la justicia marcó un punto de inflexión. En mayo de ese mismo año, una consulta popular dio paso a una reestructuración judicial encabezada por delegados del Ejecutivo, la Asamblea y la Función de Transparencia.
La primera emergencia judicial
Con el triunfo del “Sí” en esa consulta, Correa declaró la justicia en emergencia. Así comenzó la metida de manos institucional. El Consejo de la Judicatura transitorio, presidido por Paulo Rodríguez, y más tarde liderado por Gustavo Jalkh, ejecutó una profunda reingeniería judicial. Ambos fueron cercanos al correísmo.
Este período fue criticado, tanto en el país como en el exterior, por la intromisión del poder político en la justicia. Las decisiones judiciales dejaron de ser vistas como autónomas.
¿Una segunda metida de manos?
El 24 de junio de 2025, la Asamblea debatirá por última vez la Ley de Integridad Pública. Aunque es un proyecto económico urgente, incluye reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Entre ellas, destaca la inclusión del artículo 269.1 sobre la declaratoria de emergencia judicial.
Ese artículo permite que el Consejo de la Judicatura decrete emergencia sin plazo definido. Con ello, podrá evaluar jueces, reasignar recursos y contratar sin proceso ordinario. También se podrá ingresar a la carrera judicial sin estabilidad garantizada.
La Judicatura, en manos prorrogadas
Esta nueva metida de manos se daría mientras la Judicatura actual opera con miembros prorrogados. La falta de quórum está latente si se concreta la censura de una vocal. Además, el Consejo de Participación Ciudadana no ha logrado nombrar a los nuevos titulares.
Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura, fue funcionario del Gobierno de Noboa. Esta cercanía genera dudas sobre la imparcialidad de una posible declaratoria de emergencia.
La justicia en crisis permanente
La historia reciente muestra que cada gobierno impulsa su propia metida de manos. Tras Correa, Lenín Moreno encabezó otra consulta en 2018. El objetivo fue cesar al CPCCS y reestructurar los órganos de control.
Esa etapa dejó también su secuela: una Judicatura inestable, con cambios constantes de vocales, destituciones, renuncias y procesos judiciales. Varios exmiembros fueron juzgados por tráfico de influencias o por vínculos con el crimen organizado.
Una reforma en el momento más frágil
La nueva declaratoria de emergencia propuesta llega cuando el sistema judicial enfrenta una grave crisis de legitimidad. El Gobierno ha denunciado la penetración del crimen organizado. En este contexto, una medida de poder extraordinario levanta sospechas de una nueva metida de manos.
El riesgo de que esta figura sea usada políticamente recuerda los procesos anteriores. La ciudadanía y la comunidad internacional miran con atención esta nueva etapa que, sin duda, podría profundizar la falta de independencia judicial.
Fuente: PRIMICIAS
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