La medicina de hospitales públicos vendida clandestinamente en carpas, vehículos y casas revela una cadena de corrupción que afecta a miles de pacientes en Ecuador. Entre 2024 y 2026, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) retiró cerca de 900.000 productos sanitarios irregulares del mercado informal, incluyendo 80.000 fármacos provenientes directamente de bodegas estatales.
Operativos revelan medicina de hospitales públicos vendida clandestinamente
El contraste es alarmante: mientras pacientes reportan escasez en las farmacias de la red pública, los operativos de control encuentran esos mismos insumos a pocos metros de los hospitales. En 2025, un operativo en el Batallón del Suburbio, en Guayaquil, incautó 5.700 fármacos en una estructura clandestina. De ellos, 500 unidades pertenecían al stock del Ministerio de Salud Pública (MSP) y 3.000 estaban caducados.
Simultáneamente, en Quito se detectaron 9.800 insumos irregulares cerca de hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Este mercado ilegal comercializa desde muestras médicas hasta dispositivos sin registro sanitario.
Para la médico general Amparo Orozco, los hechos son inequívocos. «La medicina pública no puede desaparecer de un hospital y aparecer en una farmacia clandestina sin que las autoridades o responsables del stock lo sepan», señaló. En su criterio, esto evidencia corrupción interna dentro de los propios centros de salud del Estado.
¿Qué medicamentos se venden ilegalmente y dónde se encuentran?
El director de ARCSA, Daniel Sánchez, explicó que los fármacos más hallados son de alta rotación: paracetamol, ibuprofeno, omeprazol, antihistamínicos, medicamentos para la hipertensión y antibióticos. No obstante, también se han encontrado sedantes que requieren cadena de frío, lo que implica una red organizada de almacenamiento y distribución.
Estos productos aparecen en carpas, quioscos, casas e incluso vehículos. Los puntos clandestinos se ubican, con mayor frecuencia, en los alrededores directos de hospitales públicos. La mayor incidencia corresponde a hospitales de la Costa ecuatoriana.
Sanciones, clausuras y procesos judiciales en marcha
Entre 2024 y 2026, ARCSA clausuró 147 farmacias por causas como comercialización de productos sin registro sanitario, incumplimientos de condiciones higiénico-sanitarias y venta de insumos de procedencia irregular. Además, la entidad intervino 1.553 establecimientos alrededor de 319 unidades de salud en todo el país, lo que derivó en 31 clausuras adicionales y el retiro de más de 80.000 medicamentos e insumos.
Solo en 2026, hasta el 6 de marzo, se ejecutaron dos clausuras y se inmovilizaron 1.106 productos en 20 puntos clandestinos. Por su parte, el entonces presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar Lama, confirmó que ya existen procesos judiciales activos, entre ellos el caso de un funcionario del Hospital Monte Sinaí detenido por robo de medicinas halladas en mercados ilegales.
Ante cada hallazgo, ARCSA elabora un informe con el nombre del medicamento, su registro y número de lote. Con esa información, las autoridades del MSP pueden rastrear el origen del fármaco y determinar responsabilidades internas.
Hacia un control más estricto de la medicina de hospitales públicos vendida clandestinamente
En septiembre de 2025, el Comité Nacional de Salud Pública (CONSAP) anunció la intensificación de inspecciones para detectar la venta ilegal de fármacos estatales. Asimismo, ARCSA y CONSAP acordaron reforzar los controles en los alrededores de hospitales públicos de forma coordinada y permanente.
Sin embargo, la respuesta institucional enfrenta obstáculos. La Hora solicitó una entrevista al Ministerio de Salud desde el 5 de febrero de 2026 sin obtener respuesta. La Vicepresidencia indicó que la ministra María José Pinto abriría su agenda, aunque ello no se ha concretado. Mientras la medicina de hospitales públicos vendida clandestinamente siga llegando a carpas y quioscos, la urgencia de una rendición de cuentas clara permanece sin respuesta.
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